El máximo mandatario y su jefe de ministros celebraron en la esfera digital la decisión del magistrado Daniel Rafecas, aunque el expediente que involucra al portavoz gubernamental por la adquisición de inmuebles no declarados continúa su curso en los tribunales.
Luego de la propagación del resolutorio judicial que desestimó la acusación contra Bettina Angeletti, esposa del vocero presidencial Manuel Adorni, por el desplazamiento en la aeronave oficial de la República a tierras estadounidenses, el titular de Gabinete y el Primer Mandatario exteriorizaron su regocijo a través de las plataformas digitales. “Habrá justicia. Punto final”, esgrimió con desparpajo el funcionario. No obstante, el organismo jurisdiccional aún mantiene abierta la investigación que interroga al propio Adorni y a su pareja por los bienes raíces adquiridos en el transcurso de los últimos veinticuatro meses que no fueron consignados en sus declaraciones patrimoniales.
El presidente Javier Milei respaldó una vez más a su principal colaborador y manifestó en sus redes sociales: “Esto comienza a tornarse interesante”. La exclamación del jefe del Estado hace alusión tanto a esa novedad favorable como a otra que arribó a la sede gubernamental de la calle Balcarce proveniente del ámbito judicial, esta última de mayor gravedad para el conjunto de la ciudadanía: la revocación de la medida cautelar que suspendía ochenta y dos artículos de la modificación de las normas laborales.
Adorni, quien interrumpió sus habituales encuentros con la prensa desde aquella ocasión en que procuró refutar los señalamientos en su contra y que actualmente ni siquiera permite la presencia de cronistas en el palacio ejecutivo para recibir interrogantes, agregó en su cuenta de la plataforma X: “El devenir es un magistrado tan certero que no dicta sentencia de manera inmediata, mas al cabo concede la razón a quien efectivamente la posee”. El expediente clausurado por el juez Rafecas constituye el de menor significancia entre aquellos que afronta el portavoz, sindicado por la compra de una vivienda en un complejo cerrado y un apartamento en el barrio de Caballito, además de otras pesquisas sobre créditos y desplazamientos a la ciudad turística de Punta del Este.
El magistrado federal desechó la presunta utilización indebida de fondos públicos por el traslado de Angeletti en el avión presidencial dentro de una misión oficial hacia los Estados Unidos con motivo del acontecimiento denominado “Argentina Week”. La determinación, fundada en la inexistencia de ilícito, fue adoptada posteriormente al dictamen favorable al cierre del caso emitido por la fiscal Alejandra Mangano. La querella había señalado un eventual empleo irregular de recursos estatales, pero el juez Rafecas puntualizó que el vuelo no supuso un erogación complementaria para el Estado ni constituyó una falta administrativa.
Entre las razones esgrimidas se resaltó que existían asientos disponibles en el aparato y que la inclusión de la cónyuge del funcionario no modificó los costos operativos del desplazamiento. En la jornada precedente, la representante del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Mangano, había peticionado al magistrado el sobreseimiento de la causa. El fallo judicial se sustentó en la documentación remitida por la Secretaría General de la Presidencia y por la Jefatura de Gabinete acerca de la aeronave y los desembolsos del viaje, así como en el examen del número de integrantes de la delegación oficial en relación con la capacidad del reactor Boeing 757-200, dotado de treinta y nueve butacas.
