La diputada amplió su denuncia al aportar información sobre una empresa en Uruguay que habría desviado recursos de la propaganda oficial; en paralelo, quince legisladores oficialistas la acusaron de enriquecimiento ilícito, aunque la denunciante salió al cruce con tranquilidad.
En un nuevo giro dentro de la controversia que sacude los pasillos del Congreso y los estudios de la televisión estatal, Marcela Pagano reveló a Infobae los pormenores de la presentación judicial que efectuó en las últimas horas con el objetivo de esclarecer el flujo ilegal de recursos asociados al vocero presidencial, Manuel Adorni. La legisladora sostuvo que su objetivo fue “contar básicamente cómo es la ruta del dinero de Adorni”, y para ello brindó un cúmulo de elementos que apuntan a una estructura paralela de facturación.
Durante su exposición ante la magistratura, Pagano especificó el mecanismo mediante el cual se habría desviado el dinero facturado a raíz de la emisión del ciclo “Giros”, un espacio que se difunde por la televisión pública bajo la conducción de Marcelo Grandío. Según su testimonio, lo recaudado por concepto de publicidad era redirigido hacia una sociedad offshore domiciliada en Uruguay, cuyo titular sería el propio Grandío junto a su cónyuge. La firma en cuestión responde al nombre de IM Group, aunque Pagano recordó que la productora comercial encargada de realizar el programa en el ámbito estatal se denomina IM House, lo que sugiere una articulación deliberada entre ambas entidades.
La diputada afirmó haber constatado personalmente la constitución legal de esta compañía en el Registro de personas jurídicas de Montevideo. De acuerdo con las indagaciones que realizó, los ingresos generados por el programa de la televisión pública, y también por determinadas presentaciones y conferencias, eran canalizados hacia Uruguay con la presunta intención de eludir el pago de gravámenes en la Argentina. Este esquema, según su relato, revelaría una maniobra sistemática para sustraer fondos del erario.
Más allá de los aspectos documentales, Pagano solicitó declarar como testigo bajo juramento para dar cuenta de un episodio que considera revelador. Narró que, tras ser convidada al programa de Marcelo Grandío y Manuel Adorni en el año 2023, ambos le manifestaron en persona que trabajaban como socios en la estructura periodística y comercial, un vínculo que hasta entonces no había sido reconocido públicamente por ninguna de las partes involucradas.
Otro de los puntos salientes de su exposición giró en torno a los patrocinantes del ciclo “Giros”. La periodista y ahora legisladora subrayó que el principal auspiciante era la petrolera YPF, aunque rápidamente introdujo una observación apoyada en sus dos décadas de trayectoria en el periodismo y la televisión: generalmente, YPF respalda aquellos programas audiovisuales que se ubican en el codiciado top ten de audiencia del IBOPE, condición que, a su juicio, no cumplía el espacio conducido por Grandío. Esta aparente anomalía en la pauta publicitaria oficial encendió alertas sobre los criterios de asignación de los recursos estatales.
En cuanto al contexto político que rodea la causa, Pagano justificó su ausencia en una reciente sesión informativa del Congreso al sostener que no deseaba participar de “un espectáculo montado”, y lanzó una dura crítica hacia la puesta en escena orquestada por Adorni, a la que calificó como propia de alguien con una preparación menor a la de un niño de trece años. “Consideré más pertinente utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil, que es venir a ampliar mi denuncia”, sentenció.
Sin embargo, la ofensiva judicial no tardó en encontrar una respuesta desde el oficialismo. Quince diputados de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra la propia Marcela Pagano. Por sorteo, la causa recayó en el juzgado Federal número 1, a cargo de la magistrada María Servini. A través del letrado Hernán Seivane, los legisladores solicitaron que se instruya un sumario por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y administración fraudulenta.
El escrito lleva las firmas de Lilia Lemoine, Atilio Basualdo, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Andrea Vera, Valentina Loana Ravera y Miguel Rodríguez, entre otros. La acusación apunta a períodos fiscales previos al mandato de Pagano como diputada, cuando aún se desempeñaba como periodista.
Ante esta embestida, la denunciante original manifestó a Infobae que se siente “tranquila” y señaló una aparente contradicción en la presentación opositora: “Habla de períodos fiscales donde yo fui periodista, es decir, anteriores a mi labor como diputada. De hecho, es sorprendente porque mencionan la compra de un departamento que yo misma incluí en mi declaración jurada como persona civil común y corriente”, concluyó, dejando abierta la puerta a una nueva batalla judicial que promete mantener la atención pública en los próximos días.
