En medio de un entorno judicial tenso, se discute la sucesión de Tito Stefani en el Congreso de la Nación, con posiciones divergentes sobre los derechos de las mujeres y la interpretación de la ley de paridad.
La definición sobre quién ocupará la banca del fallecido diputado Tito Stefani se ha trasladado a los tribunales en Buenos Aires, en un debate que abarca cuestiones legales, constitucionales y de paridad de género. La discusión se encendió luego de que la fiscal a cargo rechazara una medida cautelar solicitada por la abogada Dalila Nora, quien interpuso un recurso de amparo para que su reclamo de acceder a la banca sea considerado conforme a la ley de paridad. La exgobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, brindó su análisis en relación con el caso y defendió la posición de Nora, argumentando que la interpretación legal en Argentina sigue dominada por una perspectiva patriarcal.
Ríos explicó que la demanda de Nora, dividida en dos partes, fue admitida en la acción de amparo, pero su medida cautelar fue rechazada. La fiscal argumentó que no se observaba verosimilitud en el derecho para otorgar la cautelar, aunque sí en el amparo. Esta decisión impidió que la Cámara de Diputados recibiera una orden directa de abstenerse a tomar juramento a otro postulante. El juez, en cambio, recomendó no avanzar en la jura hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En términos de procedimiento, la Cámara de Diputados, así como los demás involucrados en el caso —el candidato Héctor Garramuño, el PRO y la Unión Cívica Radical—, ya fueron notificados. La Cámara tiene un plazo de cinco días hábiles, con tres días adicionales debido a la distancia, para responder. Estos plazos comenzaron a correr desde el viernes, por lo que la decisión podría llegar en los próximos días.
La controversia también gira en torno a la ley de paridad de género y su aplicación en las listas cortas de provincias como Tierra del Fuego, donde los suplentes para cubrir vacantes son limitados. Ríos subrayó que, históricamente, la ley de paridad de género se creó para favorecer el acceso de las mujeres a cargos públicos, ante un historial de exclusión. Explicó que la ley busca no sólo igualar los números, sino garantizar que, en caso de reemplazo, las mujeres tengan las mismas oportunidades de ocupar cargos, lo cual fue cuestionado en la interpretación que hizo el juez de primera instancia en este caso.
En sus declaraciones, Ríos argumentó que la ley de paridad debe entenderse en un contexto amplio, señalando que existen precedentes en la Corte Suprema que aplican interpretaciones favorables a colectivos históricamente vulnerados, como el de las mujeres. “La paridad es un objetivo político final”, señaló, en referencia a la meta de una “democracia paritaria” en el Congreso.
Al respecto, Ríos indicó que la recomendación del juez a la Cámara no constituye una orden, pero refuerza el pedido de mantener la vacante hasta que se dicte una resolución. Además, puntualizó que el rechazo a la medida cautelar deja abierta la posibilidad de que Nora vuelva a solicitarla si se establece una fecha de jura para otro candidato.
La exgobernadora concluyó asegurando que este caso tiene implicancias más allá de la banca vacante, porque cuestiona cómo se interpretan las normas en relación con los derechos de las mujeres a nivel político. “Lo que esperamos —declaró Ríos— es que se cumpla la ley en su objetivo final y se respeten los derechos establecidos en la Constitución.”
