Los primeros informes recibidos por el fiscal Gerardo Pollicita confirman transacciones del vocero con activos virtuales. La denuncia de la diputada Marcela Pagano había encendido la alarma al señalar un movimiento millonario por una billetera electrónica.
En un giro que añade complejidad a una investigación de alto voltaje político, la Justicia federal ha comenzado a escudriñar los primeros reportes vinculados con la operatoria financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre quien pesa una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito. Fuentes allegadas al expediente revelaron que en el análisis de esos documentos los pesquisas hallaron indicios de operaciones realizadas con criptomonedas.
El magistrado instructor Gerardo Pollicita recibió en las últimas horas respuestas de diversas plataformas que gestionan activos digitales y billeteras virtuales, luego de que el despacho librara órdenes específicas para rastrear el origen y destino del patrimonio del alto funcionario. Estos informes, de carácter preliminar, constituyen la primera evidencia concreta de la utilización de monedas electrónicas por parte del denunciado, un aspecto que hasta ahora permanecía en el terreno de las hipótesis.
De acuerdo con lo trascendido en los pasillos judiciales, los reportes elaborados por las compañías operadoras habrían logrado identificar movimientos en activos descentralizados, aunque los montos consignados en esa vía resultan, por el momento, considerablemente menores en comparación con los flujos de dinero contante y sonante que ya engrosan el expediente. Esta disparidad cuantitativa no hizo más que intensificar las sospechas de los investigadores, que ven en la multiplicidad de instrumentos financieros un posible intento de diluir la trazabilidad del capital.
La causa tomó estado público luego de que la diputada nacional Marcela Pagano formulara una denuncia explosiva: según su exposición, Adorni habría canalizado un volumen cercano a los tres millones de dólares a través de alguna billetera virtual sin justificación aparente. Aquella declaración, en su momento recibida con reservas por algunos sectores, ahora cobra nueva relevancia frente a los primeros hallazgos periciales. Los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal continúan cruzando datos con los registros bancarios tradicionales, mientras el vocero presidencial guarda silencio y su defensa aún no presentó un descargo formal sobre estas nuevas evidencias.
El expediente, caratulado inicialmente por supuestas irregularidades patrimoniales, se transformó así en un caso testigo sobre los desafíos que enfrenta la Justicia a la hora de fiscalizar operaciones en el universo de las finanzas descentralizadas. Los peritos deberán ahora determinar si los movimientos detectados responden a la actividad económica lícita o si, por el contrario, forman parte de un entramado más vasto de ocultamiento de bienes. Mientras tanto, el fiscal Pollicita aguarda nuevas respuestas de otras plataformas internacionales, cuyas cooperaciones suelen demorar meses, en una carrera contrarreloj contra la posible prescripción de las pruebas digitales.
