Advierten sobre posible aumento de prisiones preventivas y hacinamiento carcelario
Con la justificación de terminar con la presunta «puerta giratoria» del sistema judicial, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que introduce significativas modificaciones al Código Procesal Penal Federal. Entre las principales reformas, se destaca la incorporación de la figura de «reiterancia», una medida que ha generado fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos y expertos en justicia penal. La iniciativa obtuvo 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención, y ahora será girada al Senado para su eventual sanción definitiva.
Críticas por posibles abusos y efectos sobre el derecho a protesta
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales advirtieron que las reformas impulsadas por el Gobierno podrían derivar en un aumento de las prisiones preventivas y penas más severas, exacerbando la ya preocupante situación de hacinamiento carcelario. Asimismo, alertaron que estas medidas no consideran soluciones concretas para enfrentar el problema.
Según datos proporcionados por organismos especializados, la privación de la libertad por motivos penales en Argentina ha crecido de manera casi ininterrumpida durante los últimos 20 años. Pese a este endurecimiento, no se ha evidenciado un impacto significativo en la mejora de las estadísticas criminales ni en la seguridad pública.
La figura de «reiterancia», una de las principales novedades de la reforma, permitirá que una persona pueda ser detenida preventivamente si está imputada en un caso y enfrenta una nueva causa judicial. Anteriormente, las causales para aplicar la prisión preventiva eran el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Según organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), esta medida vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Nacional.
Impacto en el derecho a la protesta
Otro punto que genera preocupación es la posibilidad de que la reforma afecte el ejercicio del derecho a la protesta. Aunque la prisión preventiva no debería aplicarse ante hechos relacionados con la libertad de expresión, el texto legislativo establece una excepción si concurren delitos contra personas o la propiedad. Esto, sumado al nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público, podría obstaculizar gravemente el derecho a manifestarse, según el CNPT.
Polémica por concepto de «peligro de reiterancia»
El CELS también destacó la introducción del concepto de «peligro de reiterancia», que permitiría dictar prisión preventiva basándose en la simple suposición de que una persona podría cometer un nuevo delito. Esta práctica, según el INECIP, contradice principios básicos del derecho penal y podría ser declarada inconstitucional.
Unificación de penas y nuevas disposiciones sobre reincidencia
Otro aspecto controvertido de la reforma es la obligación de sumar aritméticamente las penas cuando una persona ya tenga una condena firme y reciba una nueva. Esta medida, según el CNPT, podría derivar en un «aumento encubierto de penas», dejando de lado el criterio actual que permite dictar una sola condena integradora.
Además, la reforma establece que será considerado reincidente quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme, sin necesidad de que haya sido cumplida en su totalidad.
Situación crítica en las cárceles y comisarías
El CNPT subrayó que las reformas propuestas incrementarán las tasas de encarcelamiento, agravando la ya crítica situación de hacinamiento en las cárceles y dependencias policiales. Al cierre de 2023, 13.287 personas se encontraban detenidas en comisarías y otras dependencias policiales, un incremento del 145,1% respecto de 2016.
En este contexto, el INECIP advirtió que muchas personas permanecen por meses e incluso años en condiciones deplorables en oficinas, patios y calabozos inhabitables, afectando no solo su dignidad y salud, sino también la seguridad de los propios agentes policiales y de la comunidad.
El CELS cuestionó el concepto de «puerta giratoria» que pretende justificar la reforma. Según el organismo, la verdadera problemática radica en la falta de políticas pospenitenciarias que garanticen la reinserción social, lo que provoca que muchas personas reincidan en el delito.
Conclusión: Una reforma en el centro del debate
Con la aprobación en Diputados, el proyecto ahora enfrenta su discusión en el Senado. Las advertencias de organismos de derechos humanos y expertos legales plantean un escenario de tensión respecto a la constitucionalidad y los efectos sociales de las reformas. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para combatir la impunidad, los críticos alertan sobre el riesgo de profundizar una política criminal que prioriza el encierro masivo sin atacar las causas estructurales del delito.
