Ivana Gayer, madre de dos niños, enfrenta una realidad desgarradora: sin hogar, sin ingresos y con un hijo que requiere atención especial, clama por una solución habitacional que nunca llega. A pesar de estar inscripta en el IPV desde hace más de una década, su situación sigue en el limbo. Esta es su historia y la de muchas otras mujeres que luchan por un techo y una vida digna.
Ivana Gayer, una madre de 32 años, lleva más de una década esperando una respuesta del Estado que le permita acceder a una vivienda digna. Su historia es un reflejo de la desesperación y el abandono que viven cientos de familias en situación de vulnerabilidad en la provincia. Con dos hijos pequeños, uno de ellos con retraso global en el desarrollo y otro con problemas de bajo peso, Ivana enfrenta una batalla diaria contra la falta de recursos, la burocracia y la indiferencia institucional.
«Estoy inscripta en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) desde hace 12 años. Actualicé mi legajo en diciembre pasado, pero no tengo respuestas. Mi hijo de dos años necesita terapias y mi bebé de seis meses está bajo tratamiento por su bajo peso. No tengo ingresos, no puedo pagar un alquiler y nadie me da una solución», relata Ivana con voz entrecortada.
Una vida en pausa
Ivana vive en Río Grande, pero su situación no es aislada. Junto a otras madres en condiciones similares, ha presentado notas, solicitado actas y acudido a todas las instituciones posibles en busca de ayuda. Sin embargo, las respuestas brillan por su ausencia. «Nos dijeron que iban a articular con Bienestar Ciudadano, pero nadie nos llama. Fuimos en enero, luego en febrero, y nos recibieron con la policía. No quieren dejar registro de nada», denuncia.
Su hijo mayor, de dos años, asiste a un centro de intervención temprana y comenzó el jardín este año. Sin embargo, la falta de una sede adecuada para el centro complica aún más su situación. «Me ofrecieron trabajos, pero no puedo aceptarlos porque no tengo dónde dejar a mis hijos. No hay cupos en las guarderías», explica.
La ayuda que nunca llega
Ivana recibe asistencia de la fundación CONIN, que le brinda módulos alimentarios, leche y medicamentos para su bebé. Sin embargo, esta ayuda es insuficiente frente a la magnitud de sus necesidades. «El municipio me ha asistido con módulos y entrevistas con asistentes sociales, pero lo que necesito es una solución de fondo, una vivienda», afirma.
A pesar de cumplir con todos los requisitos para acceder a una vivienda social, Ivana sigue esperando. «Hace poco entregaron 54 viviendas, pero no me dieron ninguna. Dicen que las adjudicaciones ya están hechas, pero no revisan los casos. Hay madres solteras, con hijos, que han sufrido violencia de género, y no nos dan prioridad», reclama.
La desesperación de muchas
Martina Paredes, otra madre en situación similar, acompaña a Ivana en su lucha. «Nos movilizamos, presentamos notas, pero no hay respuestas. Nos pasan de un organismo a otro, como si fuéramos una pelota. Es una toma de pelo», expresa Martina, quien tuvo que mudarse provisionalmente a Tolhuin con sus cinco hijos debido a la falta de vivienda.
Ambas coinciden en que la falta de soluciones habitacionales no solo afecta a las madres, sino también a los niños. «¿Dónde está el derecho a una vivienda digna? ¿Dónde está la ley que nos protege?», cuestiona Ivana. «No es un capricho, es una necesidad básica. No podemos seguir esperando 20 años más».
Un sistema que falla
La situación de Ivana y Martina no es única. Según datos del IPV, hay cientos de familias inscriptas desde hace más de una década que aún no han recibido respuestas. «Se hacen llamados de inscripción constantemente, pero no se construyen las viviendas necesarias. La demanda crece, pero las soluciones no llegan», denuncia Ivana.
Además, ambas critican la falta de transparencia en la adjudicación de viviendas. «Hay casos en los que se entregan viviendas por debajo de la inscripción, sin revisar las prioridades. Nosotras cumplimos todos los requisitos, pero no nos dan nada», afirma Martina.
Un llamado a la empatía
Ivana y Martina no pierden la esperanza de que su situación cambie. «Queremos que se escuche nuestra voz, que se sepa lo que estamos viviendo. No estamos solas, hay muchas más mujeres en esta situación», dice Ivana. Ambas hacen un llamado a las autoridades para que prioricen los casos de madres en situación de vulnerabilidad y cumplan con su deber de garantizar una vida digna.
«Ojalá que alguien escuche esta nota y diga: ‘Tienen razón, vamos a trabajar para darles una solución’. Nosotras no pedimos limosna, pedimos justicia», concluye Ivana, con la esperanza de que su lucha no sea en vano.
Si desea colaborar o conocer más sobre la situación de Ivana y otras familias en condiciones similares, puede contactarse con organizaciones locales como CONIN o acercarse a las oficinas del IPV para exigir respuestas concretas. La vivienda es un derecho, no un privilegio.
