El anuncio gubernamental de fiscalizaciones sorpresivas para garantizar el 75% de dictado de clases, en el marco de la reforma laboral que califica a la educación como «servicio esencial», no logró quebrar la unidad gremial. Por el contrario, la jornada de protesta de 24 horas se consolidó con una adhesión contundente en todo el territorio nacional, evidenciando el profundo malestar por los salarios congelados y el desfinanciamiento del sistema educativo, mientras los sindicatos advierten sobre un creciente clima de conflictividad social.
El fragor de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores de la educación alcanzó ayer un nuevo pico de tensión, derivando en una jornada de protesta que, lejos de ser amedrentada por las advertencias oficiales, se erigió como un rotundo éxito de convocatoria. La administración nacional, en un intento por imponer su visión sobre el derecho a huelga, había encendido la mecha al anunciar, a través de sus canales digitales, la implementación de «controles aleatorios» en los establecimientos educativos. El objetivo declarado era verificar el cumplimiento de un piso mínimo del setenta y cinco por ciento en el dictado de clases, una exigencia que el oficialismo sustenta en la reciente reforma laboral que define a la educación como una prestación esencial para la comunidad.
Sin embargo, la jugada gubernamental resultó contraproducente. La amenaza de sanciones y la intromisión en la autonomía de los distritos educativos no hizo más que soldar la cohesión entre los diferentes estratos del magisterio y robustecer la legitimidad de sus planteos. El paro de veinticuatro horas, que se extendió desde el nivel inicial hasta las universidades, fue descrito por las centrales sindicales como una muestra de «unidad sin precedentes», congregando a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), junto a la Conadu y la Conadu Histórica, en un frente común que sacudió los cimientos del calendario escolar.
La resonancia del reclamo fue palpable en cada rincón del país. Un relevamiento exhaustivo realizado por este medio confirmó que el acatamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó niveles inusualmente elevados, incluso en aquellas instituciones de enseñanza primaria y secundaria históricamente renuentes a adherir a las medidas de fuerza. Esta tendencia se replicó con igual intensidad en bastiones del interior, como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las aulas permanecieron prácticamente vacías, evidenciando un descontento transversal que traspasa las fronteras geográficas y políticas.
Lejos de limitarse a la mera ausencia en los pupitres, la protesta tomó las calles. Frente a la sede del Ministerio de Economía, en el microcentro porteño, se concentró una multitud que encontró su eco en movilizaciones simultáneas en distintas capitales provinciales. En el acto central, la voz de la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, se alzó con crudeza para describir la realidad acuciante que padece el colectivo docente. Con una precisión lapidaria, graficó la situación de «salarios de hambre» que obligan a los educadores a endeudarse mes a mes, soportando un salario básico federal que permanece anclado en los quinientos mil pesos, una cifra que la inflación ha licuado implacablemente.
Pero el pliego de exigencias que sustenta la medida de fuerza va mucho más allá de la recomposición salarial. Las bases del magisterio manifestaron su enérgico rechazo a los borradores de la denominada «Ley de Libertad Educativa», un proyecto que los gremios interpretan como un desguace del sistema público y una puerta abierta a la mercantilización de la enseñanza. A esta preocupación se suma una denuncia que resuena con fuerza en el interior del país: la absoluta parálisis en materia de infraestructura escolar. La dirigencia sindical subrayó que la gestión actual no ha inaugurado ni un solo establecimiento educativo en lo que va de su mandato, y lo que es más grave, ha incumplido el compromiso de finalizar las obras que se encontraban en ejecución al término de la administración anterior. Esta situación es particularmente crítica en la provincia de Buenos Aires, donde, según detalló María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba, las escuelas pendientes de conclusión ascienden a la alarmante cifra de ochenta, un lastre que compromete el derecho a la educación de miles de niños y niñas.
La reacción del ámbito legislativo no se hizo esperar. Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados, que lleva las firmas de pesos pesados de la política y el sindicalismo como Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Moyano y Jorge Taiana, entre otros, insta al Poder Ejecutivo a cesar en su actitud hostil. El texto exige el respeto irrestricto a la libertad sindical y al derecho de huelga, pidiendo además que se abstenga de aplicar multas o medidas represalias contra los docentes y las organizaciones gremiales por su participación en la jornada de protesta del pasado lunes. La iniciativa busca, en esencia, blindar a los trabajadores de la educación frente a lo que consideran una avanzada autoritaria.
Mientras tanto, el ministerio que conduce Sandra Pettovello, dependiente de Capital Humano, mantuvo un hermetismo absoluto respecto a los resultados de sus anunciadas inspecciones. Al cierre de esta edición, no había difundido dato alguno sobre las novedades halladas en los colegios, ni respondió a los requerimientos de información de esta redacción. Sin embargo, a través de filtraciones no oficiales, el gobierno intentó instalar la narrativa de que las provincias gobernadas por el peronismo fueron las que registraron una mayor ausencia de actividad educativa, sugiriendo una suerte de instigación desde los gobiernos locales para alimentar la conflictividad. Como presunta prueba de esta connivencia, se difundió una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que instruía a los equipos directivos sobre cómo proceder ante la inminente inspección federal.
La artillería legal del oficialismo se fundamenta en la declaración de esencialidad de la educación, un estatus que, según la reforma aprobada, impone el cumplimiento de un piso mínimo de actividad. Aunque la Justicia había suspendido cautelarmente esta medida, el gobierno logró revertir esa decisión, allanando el camino para su aplicación. Con este respaldo normativo, Pettovello convocó a una reunión urgente del Consejo Federal de Educación para delinear las auditorías y «resguardar el derecho a aprender». La convocatoria, sin embargo, resultó un fiasco: apenas ocho ministros provinciales asistieron al encuentro virtual, y dos de ellos ni siquiera se dignaron a encender sus cámaras para la fotografía oficial, un gesto que refleja el creciente aislamiento del gobierno nacional en el terreno educativo.
La estrategia de amedrentamiento también tropezó con obstáculos operativos. Las propias fuentes gremiales señalaron con ironía que «el gobierno bebió de su propio veneno», ya que las dotaciones de inspectores del ex Ministerio de Trabajo se encuentran desmanteladas, obligando a recurrir a personal jerárquico con escasa formación para la tarea de fiscalización. Estos funcionarios se toparon con la negativa de los equipos directivos, debidamente asesorados y renuentes a colaborar con lo que perciben como una cacería de brujas. Pese a ello, en el seno de los sindicatos no se descarta que el oficialismo intente algún tipo de represalia contra la organización gremial para intentar descomprimir el creciente malestar.
En el análisis político, la jornada adquiere ribetes de hito. El diputado Hugo Yasky, también secretario general de la CTA, sentenció que el grado de acatamiento demostrado es un termómetro de la ebullición social. «El gobierno declara esencial la educación solo cuando los docentes paran, mientras hace todo lo posible por destruir y desfinanciar el sistema», enfatizó, augurando el inicio de una «cuenta regresiva» en el ascenso de la conflictividad. En la misma línea, María Laura Torre calificó la extorsión digital del gobierno como un acto que otorgó «más legitimidad y legalidad» al reclamo, reivindicando el carácter constitucional del derecho a huelga y su vínculo intrínseco con la defensa del derecho a la educación de todos los argentinos.
La protesta docente no es un hecho aislado, sino una pieza más en un engranaje de resistencia social que ya tiene nuevas fechas marcadas en el calendario. Los gremios anunciaron su participación activa en la movilización del 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo a la ley de extranjerización de tierras. La dirigencia sindical hizo un llamado a la unidad, advirtiendo que «los docentes solos no se van a salvar» y que la lucha se enmarca en un reclamo ciudadano más amplio contra las políticas de ajuste. En un guiño a la identidad nacional, la dirigencia recordó el fervor popular con que se recibió el regreso del trapo de Malvinas a los estadios de fútbol, entrelazando ese sentimiento patriótico con el trabajo cotidiano en las aulas para mantener viva la causa de la soberanía. «Somos y hacemos ciudadanía todos los días», concluyó Torre, «y quizás por eso también nos quieren acallar». La batalla por la educación y el futuro de las próximas generaciones parece recién comenzar.
