El oficialismo, carente de los dígitos necesarios para abrir el debate, ha desatado una ofensiva de presión sobre un puñado de senadores dubitativos. En la mira, una docena de legisladores cuyos votos resultan determinantes para la suerte de una iniciativa que, de prosperar, allanaría el camino para la extranjerización de zonas estratégicas, incluyendo vastas reservas de agua dulce y cinturones mineros en la geografía nacional.
En las intrincadas horas previas a una definición crucial, el Gobierno nacional ha redoblado la apuesta en el tablero legislativo, orquestando un cerco de presión sobre aquellos socios transitorios y aliados circunstanciales que comienzan a tambalear ante la inminencia de una votación de alto voltaje político. El epicentro de la controversia radica en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una pieza legal que, bajo el ropaje de la garantía individual, es percibida por amplios sectores como la llave maestra para desbloquear la cesión de franjas del territorio patrio a intereses foráneos. En Balcarce 50, la expectativa se mezcla con la desesperación operativa, pues los números bailan y la certeza de alcanzar el quórum se desvanece entre pasillos y llamados telefónicos.
El núcleo duro del oficialismo, sustentado en una base de 34 voluntades proclives a la Casa Rosada —donde confluyen los 21 escaños libertarios, la tríada del PRO y un puñado de radicales díscolos—, se muestra insuficiente para doblegar la resistencia opositora. La estrategia de la administración ultraderechista se ha centrado entonces en un puñado de senadores que, hábilmente o por conveniencia, han eludido mojarse en el barro de la controversia. Estos legisladores, ubicados en una suerte de tierra de nadie política, son hoy el objeto del deseo de los operadores gubernamentales, quienes no escatiman recursos retóricos ni presiones institucionales para inclinar la balanza hacia el sí.
Dentro de esta nómina de indecisos, que se ha convertido en el epicentro de la novela política, figuran representantes de provincias con alto porcentaje de tierras en manos extranjeras, lo que añade un tinte de paradoja y conflicto de intereses a sus deliberaciones. Es el caso de los dos exponentes misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut, atrapados en una disyuntiva que trasciende lo personal para devenir en una puja de poder interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el caudillo Carlos Rovira, mientras la provincia ostenta el dudoso privilegio de ser la más extranjerizada de la Mesopotamia, con más de 325 mil hectáreas bajo dominio foráneo.
La presión ejercida desde el Ejecutivo no se limita a los confines del litoral, sino que se extiende con ferocidad hacia la Patagonia, territorio de codicia geopolítica por sus recursos hídricos y minerales. Los representantes santacruceños José María Carambia y Natalia Elena Gadano, alineados con el mandatario Claudio Vidal, experimentan en carne propia la tensión entre la lealtad circunstancial al oficialismo y el clamor de una población que ve con recelo la enajenación de sus riquezas. La crisis económica que asfixia a su provincia, agravada por las políticas de ajuste del centro, sumerge a estos legisladores en un mar de dudas, especialmente cuando el Observatorio de la Tierra revela que casi 2 millones de hectáreas en su territorio ya pertenecen a capitales ultramarinos.
En el mismo compás de espera se encuentra la chubutense Edith Elizabeth Terenzi, del monobloque Despierta Chubut, cuya fidelidad al gobernador macrista Ignacio Torres choca con la magnitud de un proyecto que afecta directamente a una comarca andina especialmente apetecible para magnates y corporaciones globales. Mientras su colega de bancada, Andrea Marcela Cristina, parece haber claudicado ya ante los designios de la Rosada, Terenzi se mantiene como una pieza codiciada, un comodín cuya decisión final podría inclinar el tablero en una provincia donde la defensa de los recursos naturales no es una consigna menor.
El radicalismo, por su parte, asiste a una fractura expuesta que amenaza con resquebrajar su identidad opositora. Mientras la conducción nacional del partido centenario intenta contener a sus filas, los nombres de Daniel Ricardo Kroneberger (La Pampa) y Flavio Sergio Fama (Catamarca) emergen como puntos de fricción interna, jaqueados por la doble presión de la Casa Rosada y la mesa directiva de su propio espacio. A ellos se suma la figura díscola del correntino Carlos «Camau» Espínola, quien navega en las aguas del bloque Provincias Unidas y se ha convertido en un objetivo prioritario para los cazadores de votos del oficialismo.
Frente a este escenario de incertidumbre, la oposición peronista y los bloques federales han alzado una barrera de contención que, aunque sólida en su intención, podría resquebrajarse si el oficialismo logra pescar en el río revuelto de las dudas ajenas. Los 21 senadores del peronismo bajo la conducción de José Mayans, junto a los 3 de Convicción Federal que lidera Carolina Moises, han sellado un pacto de rechazo, al que se han sumado figuras de peso como el radical bonaerense Maximiliano Abad y la cordobesa Alejandra Vigo, quien ha preferido desmarcarse de la postura más conciliadora de su sucesor provincial, Martín Llaryora, ante la evidencia de que el proyecto trasciende las diferencias partidarias para tocar la fibra íntima de la soberanía nacional.
La aritmética parlamentaria se torna así en el principal dolor de cabeza para los estrategas libertarios. Sabedores de que la cifra mágica de 37 voluntades es la llave que abre la puerta del debate y garantiza la victoria en la votación final, los operadores han desatado una cacería sin cuartel sobre esos tres o cuatro votos esquivos que les permitirían alcanzar el quórum. Sin embargo, la presión desmedida y la crudeza de un proyecto que implica la entrega de zonas limítrofes, montañas con vetas de minerales estratégicos y acuíferos gigantescos, genera un efecto de rechazo que incluso los aliados más predecibles comienzan a evaluar con cautela.
En este clima de definiciones postergadas, la figura de los senadores misioneros, patagónicos y del interior profundo adquiere una relevancia histórica. Su voto no será meramente un conteo numérico, sino un pronunciamiento sobre el modelo de país que se desea construir. La disyuntiva es clara y se presenta ante ellos como un espejo de sus propias contradicciones: ceder ante la presión de un Ejecutivo ávido de victorias legislativas o escuchar el murmullo de sus provincias, cuyos territorios y recursos naturales se juegan en esta partida. La decisión, envuelta en el misterio de los pliegues políticos, definirá el rumbo de una soberanía que hoy se encuentra en el filo de la navaja.
