El Gobierno nacional anunciará este martes una serie de enmiendas cosméticas al proyecto de tierras, buscando desactivar la resistencia social y parlamentaria. Sin embargo, fuentes cercanas a la redacción de la normativa revelan que la esencia de la ley, que permitiría la enajenación de recursos hídricos, mineros y productivos a capitales foráneos, permanece inalterada. La movilización popular se prepara para rodear el Parlamento.
En el horizonte político argentino se vislumbra una jornada de definiciones trascendentales. Este jueves, el Senado de la Nación se constituirá en el escenario de un debate que podría reconfigurar el mapa de la soberanía nacional, al intentar dar curso a una de las aspiraciones más fervientemente promovidas por la administración de Javier Milei. La iniciativa en cuestión, que sus críticos califican como un acto de cesión de la integridad territorial y los bienes naturales del país a intereses foráneos, enfrenta una tramitación legislativa que se prevé tumultuosa, signada por la efervescencia social y la presión de los sectores populares.
La víspera de la sesión se presenta cargada de tensiones. La Casa Rosada, atenta a la complejidad del escenario, ha orquestado una estrategia de comunicación destinada a suturar las fisuras en el bloque oficialista y a persuadir a los legisladores vacilantes. En este contexto, se ha programado para las últimas horas de la tarde de este martes una conferencia de prensa que será encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según los partes oficiales, la funcionaria anunciará una serie de rectificaciones al texto original, en un intento por demostrar receptividad a las inquietudes planteadas por distintos sectores. No obstante, la letra menuda de un borrador que ha circulado subrepticiamente entre los pasillos del Congreso desnuda la naturaleza superficial de los cambios propuestos, revelando que el núcleo duro de la ley, aquel que autoriza la transferencia de los recursos estratégicos al mejor postor internacional, se mantiene incólume.
Las modificaciones que se pregonan como un gesto de apertura se limitarían, según el documento extraoficial, a un ajuste en los porcentajes de adquisición de tierras. Mientras que la legislación vigente establece un límite del quince por ciento en los niveles nacional, provincial y departamental, la nueva propuesta elevaría ese tope al veinticinco por ciento, aunque exclusivamente en la jurisdicción provincial. Esta aparente concesión, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo y duras críticas desde el arco opositor y las organizaciones dedicadas a la defensa del ambiente, quienes no dudan en tildarla de «trampa retórica». El argumento central de esta denuncia reside en que, al suprimir la restricción por departamento —el eslabón más frágil y crucial de la cadena territorial—, se abre una vía expedita para que los inversores extranjeros acaparen extensiones completas de zonas ricas en recursos hídricos, minerales y productivos, sin que el tope provincial suponga un obstáculo real.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Villar, ha sido una de las voces más lúcidas en desmantelar la falacia de estos retoques formales. En sus declaraciones, enfatizó que la barrera departamental constituye el verdadero dique de contención, dado que es en esos distritos donde se concentran los activos más preciados: las napas de agua dulce, los depósitos de litio, los glaciares y las tierras de alta productividad. La funcionaria provincial ilustró su punto con el caso paradigmático de Neuquén, señalando que zonas como Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso, que representan apenas un pequeño porcentaje de la superficie total de esa provincia, se encuentran íntegramente dentro del departamento de Los Lagos. Con la nueva normativa, se podría extranjerizar la totalidad de ese departamento sin violar el nuevo tope provincial, legalizando así un despojo focalizado que pasa desapercibido en las estadísticas macro.
El riesgo de extranjerización se extiende con particular gravedad sobre los recursos mineros, siendo el litio la joya de la corona en la transición energética global. La Argentina, junto a sus vecinos Bolivia y Chile, alberga más de la mitad de las reservas mundiales de este codiciado metal, esencial para la fabricación de baterías recargables. La advertencia de Villar resuena con fuerza al recordar que los salares de Jujuy, Salta y Catamarca ocupan una porción ínfima del territorio provincial, pero son departamentos enteros. Bastaría con controlar esos puntos específicos para acaparar el recurso estratégico, sin necesidad de comprometer el veinticinco por ciento de la superficie provincial, lo que convierte la garantía oficial en una ilusión.
Pero la ofensiva contra el patrimonio nacional no se detiene en el litio o la tierra. El proyecto oficialista, más allá de los cambios superficiales, mantiene firme su intención de derogar las normativas que protegen los cuerpos de agua permanentes, incluyendo lagos, ríos y acuíferos. Esta disposición implicaría la posibilidad de poner en venta el agua dulce, un recurso vital para la subsistencia humana que, pese a su abundancia relativa en el país, es un bien cada vez más escaso a nivel planetario, según los reiterados informes de Naciones Unidas que alertan sobre el estrés hídrico global inducido por el cambio climático y la contaminación.
La peligrosidad del proyecto se acrecienta al eliminar los controles sobre las zonas de frontera. Matías Oberlin, doctor en historia y magíster en Estudios Culturales de América Latina, ha advertido sobre las nefastas consecuencias de esta desregulación. La normativa actual, aunque no prohíbe la venta de estos territorios, exige un riguroso mecanismo de doble conformidad que obliga a los compradores a notificar a la Dirección de Fronteras y a justificar fehacientemente el destino productivo del inmueble, ya sea para un centro logístico o para la industria forestal. La eliminación de estos filtros, según Oberlin, allanará el camino para que grupos vinculados al crimen organizado o corporaciones que buscan eludir el control estatal ejerzan una presión indebida, potenciando el delito y la violencia en las regiones limítrofes.
Simultáneamente, el proyecto ataca la soberanía alimentaria al poner en remate la Pampa Húmeda, el corazón agrícola-ganadero del país. La iniciativa suprime el tope de mil hectáreas que actualmente limita la compra de tierras por parte de extranjeros en esa región núcleo, donde se cultivan los principales granos como soja, maíz, trigo y girasol. Este límite, establecido en 2011 durante la gestión del entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, fue una respuesta directa a los intentos de fondos soberanos de China e India de adquirir millones de hectáreas para asegurar su abastecimiento alimentario. La ley sancionada en ese entonces, que también creó el Registro de Tierras, evidenció que numerosos departamentos ya excedían los topes establecidos, aunque la norma no tuvo efectos retroactivos.
La situación heredada es ya de por sí crítica, agravada por el decreto del expresidente Mauricio Macri en 2016, que elevó del veinticinco al cincuenta y uno por ciento la participación de capitales extranjeros en las sociedades tenedoras de tierras. Como resultado, en la actualidad existen treinta y seis departamentos que sobrepasan los límites legales, sumando más de trece millones de hectáreas en manos foráneas. Estas áreas incluyen franjas fronterizas, las costas del río Paraná, nodos logísticos vitales, regiones con potencial minero y vastas extensiones de bosques nativos. La nueva ley, lejos de corregir esta anomalía, convalidaría la situación de todos esos distritos excedidos, aun cuando su dominio extranjero supere el cincuenta por ciento de su superficie.
Este estado de cosas ha llevado a los especialistas a afirmar que el verdadero problema no reside en los promedios provinciales, sino en los puntos críticos departamentales. El mapa argentino presenta treinta y seis «puntos rojos» donde se concentran los recursos estratégicos, el agua dulce o las zonas fronterizas. La estrategia del capital extranjero no necesita adquirir media provincia, sino simplemente el «pedazo» donde se hallan las riquezas, y la nueva normativa legaliza este mecanismo de acaparamiento selectivo. La eliminación del límite del treinta por ciento para las compras de un mismo país extranjero es otro eslabón que completa el cuadro de un despojo sin precedentes.
En el plano legislativo, la contienda de votos se presenta reñida. Patricia Bullrich, tras reunirse con los senadores de su bloque y aliados para diseñar la estrategia, intentará capitalizar el anuncio de las modificaciones para doblegar a los indecisos. Sin embargo, el bloque del Justicialismo, con sus veinticinco voluntades firmes en contra, se erige como el principal obstáculo, al que se sumarían tres senadores de Convicción Federal. La incógnita se cierne sobre un puñado de senadores de diversas provincias, cuyos votos serán determinantes. El radicalismo, por su parte, aparece dividido, con una mayoría que parece respaldar el proyecto oficialista, mientras que las posturas de los representantes de Misiones, Santa Cruz y Córdoba son aún inciertas.
El panorama se complica con la eventualidad de un empate. Si la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha manifestado su rechazo al proyecto calificándolo como una «rifa» del país, no pudiera ejercer su voto de desempate, la situación se tornaría inédita. Dado el viaje del presidente Milei a Ecuador, la titular del Senado quedaría a cargo del Poder Ejecutivo según lo establece la Constitución, y su lugar en la presidencia de la Cámara Alta sería ocupado por el provisional, Bartolomé Abdala, quien tendría la potestad de inclinar la balanza a favor del oficialismo. La definición, en ese caso, quedaría en manos de un hombre del riñón del oficialismo, sellando el destino de una ley que, según sus críticos, enajena la soberanía nacional en un acto de colonización moderna.
