Mientras el Indec registra una merma en el consumo masivo y el empleo formal se resquebraja, el titular del Palacio de Hacienda desestimó cualquier auxilio estatal para los deudores y atribuyó el fenómeno a errores de especulación financiera, en medio de un clima social cada vez más tenso por la caída libre del poder adquisitivo.
En las entrañas de la economía doméstica argentina, un fenómeno silencioso pero devastador alcanzó dimensiones inéditas: el país acumula actualmente cinco millones de ciudadanos que incurrieron en cesación de pagos dentro del sistema financiero, una cifra que no registra antecedentes en la serie histórica local. Lo que en otros tiempos se circunscribía a círculos acotados de riesgo crediticio se transformó en una marea expansiva que atraviesa clases sociales, franjas etarias y regiones geográficas, evidenciando la fragilidad de un entramado productivo que no logra sostener el nivel de vida básico de sus habitantes. La estrepitosa curva de incobrables no es, sin embargo, motivo de alarma para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en las vísperas del fin de semana salió al cruce de cualquier expectativa de intervención estatal con una declaración que encendió aún más los ánimos en los sectores más perjudicados.
El funcionario, con la ecuanimidad que le caracteriza en sus apariciones públicas, desechó de plano la posibilidad de que el Estado arbitre mecanismos de alivio para los millones de personas que recurrieron al crédito para solventar gastos corrientes, desde la compra de víveres hasta el pago de servicios esenciales. En su diagnóstico, la situación se encuadra estrictamente en la órbita de las relaciones particulares entre acreedores y deudores, una dinámica que, según su visión, encontrará su curso natural de corrección a medida que transcurran los meses. “Con el tiempo, esto se va a recomponer”, aseguró, en una frase que sonó a pronóstico optimista pero que choca de frente con la realidad de hogares que ya no pueden afrontar ni la cuota mínima de sus compromisos financieros. Pero fue su intento por explicar las causas de esta explosión de morosidad lo que generó mayor controversia, al deslizar una teoría que traslada la responsabilidad a los propios damnificados, sugiriendo que muchos de ellos actuaron movidos por una suerte de apuesta financiera fallida o por un asesoramiento deficitario, convencidos de que la divisa estadounidense escalaría hasta los tres mil pesos, lo que los habría llevado a sobreendeudarse en busca de una cobertura especulativa que nunca se materializó.
Sin embargo, los números fríos y los estudios de consultoras independientes desmienten con crudeza esta narrativa oficial. En el presente, uno de cada cuatro individuos que mantienen algún tipo de préstamo activo registra demoras en el abono de las cuotas, lo que implica que el flagelo de la mora dejó de ser una excepción para convertirse en una constante alarmante. Los analistas coinciden en señalar que la raíz del problema no anida en decisiones caprichosas o mal informadas, sino en el progresivo deterioro de los salarios reales, la espiral inflacionaria que licua los ingresos mes a mes y la erosión de la capacidad de ahorro previa. A ello se suma un mercado laboral que expulsa trabajadores del registro formal y los arroja a la precariedad, donde la inestabilidad se vuelve moneda corriente y el acceso al crédito, en lugar de una herramienta de progreso, se convierte en una trampa mortal cuando el bolsillo no responde.
El informe privado al que accedió este diario es categórico al afirmar que la mayoría de los nuevos morosos no pertenece a ese perfil de inversionista arriesgado que dibujó el ministro, sino que está compuesto por jubilados que vieron licuarse sus haberes, por trabajadores de la economía popular que no llegan a fin de mes y por jóvenes que, ante la ausencia de redes de contención, recurrieron a préstamos exprés para cubrir necesidades elementales como la alimentación o la vestimenta de sus hijos. La foto de este colectivo es la de personas que jamás incumplieron sus pagos en décadas, pero que la recesión profunda y la pérdida del valor adquisitivo empujaron al borde del abismo financiero. Mientras Caputo insiste en minimizar la gravedad del cuadro y lo reduce a una anécdota pasajera, los datos objetivos revelan que la morosidad masiva ya es un problema estructural que refleja el quiebre del contrato social básico: aquel que supone que quien trabaja o aportó durante años al sistema puede al menos subsistir sin caer en redes de usura o en el impago forzoso.
La postura del jefe del Palacio de Hacienda no solo genera perplejidad en el ámbito financiero, sino que también enciende alarmas en organizaciones sociales y defensores de los derechos del consumidor, que reclaman una intervención activa del Estado para evitar ejecuciones hipotecarias, embargos de haberes y el acoso de estudios de cobranza. El mensaje oficial, en cambio, parece apostar a que el tiempo haga su trabajo y que la reactivación económica, aún incierta, termine por destrabar este nudo que ya asfixia a millones de familias. Pero la historia demuestra que los récords de impago no se resuelven con indiferencia ni con declaraciones que culpan a la víctima; se resuelven con políticas de recomposición salarial, con controles de precios que frenen la sangría del consumo y con un Estado que, lejos de desentenderse, asuma su rol de garante del bienestar general. Mientras tanto, los cinco millones de morosos argentinos siguen ahí, en la penumbra de las estadísticas, esperando que alguien, algún día, los vea realmente y no los confunda con especuladores frustrados.
