La ministra Gabriela Castillo detalló los esfuerzos para mantener el sistema eléctrico de Ushuaia, provisto por la Provincia e hizo hincapie en el bloqueo de financiamientos internacionales y el plan de contingencia. Mientras tanto, crece la necesidad de regular ante el consumo y se espera
Tierra del Fuego en emergencia energética: Entre reparaciones urgentes y proyectos frenados
La ministra de Obras Públicas y Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, expuso la crítica situación del sistema eléctrico de Ushuaia , los obstáculos impuestos por el Gobierno nacional y las medidas en marcha para paliar la crisis. Con un tono franco, Castillo describió un escenario de «ajedrez logístico» para mantener las turbinas de la DPE en Ushuaia operativas, mientras se buscan alternativas ante el bloqueo de fondos internacionales que ya habían sido aprobados.
Ante ello, la provincia avanza con un plan B, el mantenimiento integral de cinco turbinas (una Rolls-Royce y cuatro Solar), financiado con USD 16 millones del Fondo Argentino para el Desarrollo Provincial (FAMP). Sin embargo, el proceso es complejo: los repuestos deben importarse desde Estados Unidos, con trámites ante el Banco Central y el Ministerio de Economía. «Tengo que sacar una turbina y compensar con otra para no colapsar el sistema», explicó Castillo, destacando que el trabajo se extenderá por seis meses, pero se acorta para llegar mejor preparados al invierno.
Mientras tanto, técnicos de Siemens y Solar ya trabajan en las turbinas TG-5 y TG-6 para sumar 10 MW al sistema, aunque la demanda sigue al límite. «La generación es ajustada incluso con todas las turbinas funcionando», admitió la ministra.
El mayor golpe, según Castillo, fue la negativa del Gobierno nacional a avalar un financiamiento de USD 40 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para construir una nueva usina en la desembocadura del río Olivia y un parque eólico en Río Grande. «La Nación debía firmar como garante, pero no lo hizo. Teníamos todo: estudios de suelo, impacto ambiental y aprobación técnica internacional», afirmó.
Este proyecto, diseñado para ser modular y ampliable, hubiera sido una solución estructural. «Hoy no estamos pudiendo llevarlo adelante, pero seguimos buscando alternativas», dijo Castillo, sin ocultar su frustración.
Inversores extranjeros y responsabilidad ciudadana
Ante el freno nacional, la provincia evalúa ofertas de capitales privados, incluyendo opciones de Turquía y Emiratos Árabes. «Han venido representantes, analizamos leasing, venta o asociaciones», confirmó la ministra, aunque evitó dar detalles específicos.
En paralelo, Castillo hizo un llamado a la corresponsabilidad: «Si dejamos luces innecesarias prendidas, el sistema colapsa. No es solo un problema del gobierno; es de todos». Criticó la especulación inmobiliaria que suma edificios con alta demanda eléctrica sin planificación y recordó que la provincia declaró la emergencia energética para transparentar la crisis.
La ministra cerró con un pedido: «Asumamos que esto es una crisis. Si todos colaboramos, saldremos adelante». Mientras, su gestión sigue en la cuerda floja entre reparaciones urgentes y la esperanza de reactivar proyectos largamente postergados.
La crisis energética en Tierra del Fuego es un problema histórico agravado por el crecimiento poblacional desordenado y la falta de inversión en infraestructura. Con temperaturas bajo cero en invierno, la presión sobre el sistema eléctrico se vuelve crítica, y las soluciones definitivas requieren consensos políticos que hoy brillan por su ausencia.
