María Eugenia Capuchetti reorientó la investigación, eliminando el nombre del diputado Gerardo Milman como imputado y centrándose en la actuación de la PFA. La decisión llega tras revelaciones comprometedoras en el juicio oral y críticas por irregularidades en el manejo inicial del caso.
La investigación por la autoría intelectual del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner sufrió un giro inesperado. El legajo que vinculaba al diputado del PRO Gerardo Milman con el caso dejó de existir como tal luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti modificara su denominación y lo fusionara con otro expediente, ahora centrado en el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA).
La magistrada, quien había delegado la pesquisa en el fiscal Carlos Rívolo hace dos años, decidió retomarla a principios de abril sin explicaciones claras. La medida coincidió con testimonios reveladores en el juicio oral por el intento de magnicidio, que expusieron irregularidades en los primeros meses de la causa, incluyendo la pérdida de datos del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado.
El nuevo enfoque
Capuchetti justificó su decisión argumentando que era necesario un «nuevo enfoque», ya que, según ella, no se había profundizado lo suficiente en el papel de la PFA. Sin embargo, la maniobra fue interpretada por algunos sectores como un intento de desviar la atención de las fallas en la investigación original.
En este contexto, Milman rompió su silencio y aseguró: «No quiero adelantar detalles, pero la jueza retomó la conducción del caso. Pronto sabremos quién le puso el arma en la mano a Sabag Montiel». Sus declaraciones, emitidas el 5 de abril, generaron revuelo, especialmente porque su nombre ya no figura como imputado en el expediente.
¿Por qué la PFA?
El cambio de rumbo plantea interrogantes: ¿Qué vinculación tendría la Policía Federal con el atentado? Capuchetti insinuó revisar un episodio ocurrido el 4 de septiembre de 2022, cuando Brenda Uliarte, exnovia de Sabag Montiel, fue vista por agentes del Departamento de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) sin que estos procedieran a detenerla.
Aunque Uliarte fue arrestada horas después por otro efectivo, el hecho ya había sido investigado y los policías involucrados sancionados. Pese a ello, la jueza citó como testigos a los oficiales que realizaron el sumario interno, lo que algunos interpretan como un intento de recalentar una línea ya descartada.
Irregularidades y críticas
El accionar de Capuchetti ha sido cuestionado desde múltiples frentes. Durante la investigación inicial, se negó a allanar la vivienda de Barracas donde se escondía Uliarte, pese a las insistencias del entonces viceministro de Justicia Juan Martín Mena. Además, no verificó a tiempo la intervención del teléfono de la joven, lo que permitió la pérdida de información clave.
Por otro lado, el fiscal Rívolo, desplazado abruptamente, denunció que la decisión de la jueza carece de «fundamentos razonables» y elevó un reclamo a la Cámara Federal.
Milman y la sombra de la impunidad
El diputado, históricamente vinculado a la exministra Patricia Bullrich, había promovido proyectos sobre la custodia de CFK antes del atentado, incluso insinuando un «autoataque». Pese a las sospechas, nunca fue investigado a fondo. Ahora, su nombre desaparece formalmente de la causa, mientras él insiste en que se revelarán los «responsables reales» del ataque.
Conclusión
El abrupto viraje procesal genera dudas sobre la transparencia de la investigación. Mientras Capuchetti apunta a la PFA, las irregularidades en su gestión y la desaparición de Milman del legajo alimentan teorías sobre un manejo político del caso. La Cámara Federal deberá ahora decidir si avala o rechaza este controvertido cambio de rumbo.
