Andrea Ozamiz, secretaria de Derechos Humanos de CONADU, analiza el deterioro salarial, el desfinanciamiento estatal y el éxodo docente en un contexto donde el gobierno nacional ignora las demandas del sector.
Un año después de las masivas movilizaciones estudiantiles y docentes en defensa de la educación pública, la situación en las universidades nacionales no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado. Así lo afirmó por FM La Isla Andrea Ozamiz, secretaria de Derechos Humanos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en un balance crudo sobre el impacto de las políticas del gobierno nacional en el sistema universitario.
«La crisis persiste: no hay presupuesto asignado para 2024, los salarios perdieron 70 puntos contra la inflación desde diciembre y la paritaria docente sigue sin abrirse», denunció Ozamiz. Aunque la marcha del 23 de abril de 2023 logró que se liberaran fondos —»tardíos e insuficientes»—, hoy las universidades funcionan en modo precario. «El gobierno impone aumentos unilateralmente: 1,5% en enero y 1,2% en febrero. Es insignificante», remarcó.
El sector universitario es, según la sindicalista, el más golpeado: «Incluso los docentes provinciales, con paritarias locales, están mejor. Nosotros estamos por debajo de la línea de pobreza». La consecuencia directa es un fenómeno inédito en décadas: la renuncia masiva de profesores. «Muchos migran a escuelas secundarias o terciarias, donde los salarios son más altos. Se vacía la universidad de recursos formados con esfuerzo», alertó.
El riesgo de la privatización encubierta
Ozamiz cuestionó la «mirada darwiniana» del gobierno: «Para ellos, la universidad debe funcionar con lo mínimo, como si el Estado no tuviera responsabilidad. Es un ataque al pensamiento crítico y a la movilidad social». Subrayó que las universidades públicas son «el principal motor de igualdad»: «Sin ellas, solo accederán a educación superior quienes puedan pagarla».
La dirigente también vinculó el desfinanciamiento con un «proyecto ideológico»: «Quieren una universidad elitista, donde el conocimiento sea un privilegio, no un derecho». Ejemplificó con el recorte en becas estudiantiles —»hoy no cubren nada»— y la caída en actividades prácticas como talleres y laboratorios.
Respuesta sindical y alianzas
Frente a este escenario, CONADU impulsa un Frente Universitario Nacional con gremios docentes, no docentes y estudiantes. «Hoy hay paro y prepararemos una gran marcha», adelantó. Además, articulan con otros sectores golpeados: «Acompañamos a jubilados, reprimidos cada miércoles por reclamar lo justo».
Un año que no cierra
La entrevista cerró con una advertencia: «Naturalizar esta crisis es peligroso. Sin inversión, no habrá profesionales formados para resolver problemas sociales. Es el futuro del país en juego». Un año después, la consigna sigue vigente: la universidad pública no se negocia.
