La exmandataria enfrenta la notificación de su condena mientras el oficialismo intenta evitar un escenario de alta conflictividad social.
El kirchnerismo se prepara para llevar a cabo una de las protestas más significativas de los últimos años este miércoles, cuando Cristina Fernández de Kirchner deba presentarse ante los tribunales de Comodoro Py para recibir la notificación formal sobre las condiciones de su detención. La perspectiva de una concentración masiva, cuyo desenlace es impredecible, ha generado una fuerte inquietud en el Gobierno, que observa con preocupación cómo pierde dominio sobre el espacio público y la agenda política.
Fuentes cercanas al poder ejecutivo admiten que la situación representa un evento de alto riesgo, al que califican como un «cisne negro», dada la falta de control sobre lo que podría desencadenarse. Inicialmente, las autoridades subestimaron el impacto que tendría la sentencia contra la vicepresidenta, pero ahora enfrentan las consecuencias de un clima social cada vez más caldeado.
En un intento por desactivar el conflicto, Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mantienen conversaciones urgentes con sectores del Poder Judicial. El objetivo es lograr que los magistrados a cargo del caso concedan a Fernández de Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria este mismo martes, evitando así su traslado al tribunal al día siguiente. Sin embargo, desde el entorno de la exmandataria desconfían de esta estrategia y aseguran que la convocatoria sigue en pie.
La Advertencia del Kirchnerismo
La senadora provincial Teresa García, una de las figuras más allegadas a Cristina, fue clara al respecto: «La marcha se realizará el miércoles. Está convocada desde primeras horas de la mañana. Los medios hegemónicos ya jugaron con la incertidumbre durante días, pero esta vez estamos preparados para acompañarla donde sea necesario». Sus palabras reflejan la determinación de un sector que no está dispuesto a ceder ante lo que consideran una persecución política.
La decisión final sobre las condiciones de detención recae en el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal que condenó a la vicepresidenta. Aunque Gorini busca moderar la postura de sus colegas, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso —quienes mantienen un histórico enfrentamiento con el kirchnerismo—, la tensión persiste. Inicialmente, estos magistrados evaluaron imponer restricciones más severas, incluso negando la posibilidad de que cumpla la condena en su domicilio.
No obstante, la amenaza de una movilización multitudinaria ha llevado a varios jueces y fiscales a reconsiderar su posición. «Hay un clima de nerviosismo en Comodoro Py. Muchos piden que se agilice la domiciliaria para evitar mayores conflictos», reveló una fuente judicial.
El Fantasma de los Desbordes
Desde el Gobierno, el temor a un escenario caótico es palpable. Las imágenes de Amado Boudou esposado y en pijama durante su detención aún perduran en la memoria colectiva, y la administración actual busca eludir una repetición de ese episodio, que podría inflamar aún más los ánimos.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. El miércoles no solo se definirá el futuro judicial de Cristina Kirchner, sino también la capacidad del oficialismo para manejar una crisis que, hasta ahora, se les escapa de las manos.
