El director General de Transporte municipal, Matías Bucci, explicó los desafíos de ordenar el sistema tras el fallo judicial que habilita a Uber y alertó sobre los riesgos de los servicios que operan por fuera de las regulaciones.
La discusión sobre el transporte público en Río Grande volvió al centro de la escena tras el anuncio de un proyecto para regular las plataformas digitales como Uber. Matías Bucci, director de Transporte del municipio, detalló en declaraciones a FM La Isla los avances y los desafíos pendientes en un diálogo que también puso foco en un fenómeno preocupante: los servicios clandestinos organizados a través de grupos de WhatsApp.
El punto de partida fue el fallo del 15 de diciembre de 2023, cuando la Justicia ordenó permitir el funcionamiento de las aplicaciones, derogando normativas anteriores que las prohibían. Sin embargo, la falta de una regulación específica generó un vacío que ahora busca resolverse. «Celebramos que el tema se discuta en el Concejo Deliberante», afirmó Bucci, aunque advirtió que el proceso debe incluir estudios técnicos y consensos para evitar desequilibrios en el sistema.
La grieta de la informalidad
Mientras se avanza en la regulación de plataformas, el municipio redobló los controles sobre un problema paralelo: los servicios informales que operan sin habilitación. «No multamos por usar aplicaciones, pero sí perseguimos a quienes transportan pasajeros en condiciones inseguras», explicó Bucci. Estos grupos, organizados en WhatsApp, ofrecen viajes sin tarifas reguladas, vehículos sin revisión técnica o seguros, y conductores sin licencia profesional. «Es una ruleta rusa para el vecino», alertó.
El funcionario aclaró que no hay indicios de que taxistas o remiseros formen parte de estas redes irregulares, ya que los servicios clandestinos suelen presentar condiciones «precarias». Insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad ciudadana: «Controlamos que los vehículos tengan RTO, seguro y choferes habilitados. Lo otro es pura improvisación».
Diálogo y estudios técnicos
Consultado sobre la postura municipal ante las plataformas, Bucci enfatizó el respeto al fallo judicial, pero remarcó la urgencia de una normativa clara. «Hoy conviven una ordenanza prohibitiva y una sentencia que las avala. Necesitamos un marco legal actualizado», sostuvo. Para ello, propuso mesas de trabajo con todos los sectores, incluyendo taxistas y remiseros, y estudios de demanda similares a los que determinaron el número de licencias de taxis en la ciudad.
Sobre experiencias previas, recordó que el municipio ya atravesó debates álgidos por este tema, aunque sin conflictos mayores. «La clave es que el vecino pueda elegir un servicio seguro, ya sea taxi, remis o plataforma, pero con datos transparentes», afirmó.
Advertencia final
Bucci cerró con una recomendación firme: evitar los servicios informales. «Si ocurre un siniestro, el pasajero queda en total vulnerabilidad. Por eso insistimos en usar opciones reguladas», dijo. La municipalidad, en conjunto con Tránsito, mantendrá operativos para detectar vehículos irregulares, mientras la discusión legislativa avanza hacia una solución definitiva.
Con el fallo judicial como guía y la informalidad como enemigo, Río Grande encara un desafío complejo: equilibrar innovación, seguridad y trabajo legal en el transporte. La próxima semana, el Concejo Deliberante podría dar los primeros pasos formales hacia esa meta.
