Representantes sindicales, empresarios y el Gobierno buscan alternativas para evitar un golpe a la producción local de celulares de gama baja y media, mientras crece el temor por los puestos de trabajo.
La industria electrónica argentina atraviesa un momento crítico tras la modificación de los aranceles de importación, una medida que ha generado fuertes debates entre el sector empresarial, los trabajadores y el Gobierno Nacional. En medio de este escenario, se conformó una mesa de diálogo para analizar posibles soluciones, aunque hasta ahora los avances han sido limitados y las tensiones persisten.
La última reunión, celebrada el 26 de junio en Ushuaia, contó con la participación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cámaras empresariales y funcionarios provinciales y nacionales. Sin embargo, no todas las empresas involucradas asistieron, lo que refleja las dificultades para alcanzar consensos. El eje de la discusión radica en la aplicación del segundo tramo del decreto que reducirá aún más los aranceles a partir del 15 de enero próximo, un escenario que, según los sindicalistas, podría dejar a la producción local en desventaja frente a los productos importados, especialmente en el segmento de celulares de gama baja y media.
Marcos Linares, representante de la UOM, explicó por FM La Isla que el gremio ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de suspender este segundo tramo o, al menos, postergarlo por seis meses. «Nuestra preocupación es que, si no se toman medidas, la industria nacional no podrá competir, y eso afectará directamente a los puestos de trabajo», señaló. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido evasiva, argumentando que deben evaluarse otras alternativas antes de modificar el decreto.
El conflicto no es aislado. Desde el sector metalúrgico advierten que la desregulación de las importaciones en diversos rubros —calzado, vestimenta, maquinaria agrícola e incluso automóviles— está generando un efecto dominó que perjudica a la industria local. «El Gobierno no ha mencionado la palabra ‘industria’ desde que asumió», criticó Linares, quien además destacó que la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores ha reducido drásticamente las ventas, agravando la situación.
Frente a este panorama, los trabajadores han optado por mantener una postura firme. Tras un paro de diez días a principios de año, lograron un acuerdo que garantiza la continuidad laboral hasta el 31 de diciembre. No obstante, el sindicato ha dejado en claro que no esperará pasivamente a que se cumpla ese plazo. «Si en 30 días hábiles no hay avances concretos, evaluaremos medidas más contundentes», afirmó Linares.
La próxima reunión está prevista para las próximas semanas, aunque aún no hay confirmación sobre su sede. Mientras tanto, el clima entre los trabajadores es de creciente angustia. «Tratamos de contenerlos, pero la incertidumbre es grande», admitió el dirigente. Con un mercado interno deprimido y la amenaza de una mayor apertura importadora, el futuro de la industria electrónica en Tierra del Fuego pende de un hilo.
El Gobierno, por su parte, mantiene su posición de no modificar el decreto por ahora, aunque ha participado en las negociaciones a través de la Secretaría de Industria. Para los trabajadores, sin embargo, el tiempo apremia: cada día que pasa sin definiciones concretas profundiza el riesgo de que la producción local termine siendo desplazada por bienes importados, con consecuencias irreversibles para el empleo en la región.
