Un tribunal federal sentenció a seis integrantes de una organización ilegal que operó con respaldo de inteligencia, poder judicial y medios. Marcelo D’Alessio, figura central del esquema, recibió 13 años y medio de prisión.
El Tribunal Oral Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires dictó ayer un histórico fallo contra seis imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a la extorsión, el lavado de dinero y el abuso de funciones dentro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri. La trama, que contó con vínculos en sectores empresariales, mediáticos y judiciales, operó entre 2016 y 2019 bajo el liderazgo de Marcelo D’Alessio, un falso abogado que se valió de su supuesta cercanía con el fiscal Carlos Stornelli para amenazar a empresarios con encarcelamientos a cambio de sumas millonarias.
La investigación judicial, iniciada en enero de 2019 tras la denuncia del agroempresario Pedro Etchebest, reveló que D’Alessio exigió 300.000 dólares para evitar su inclusión en la causa de los «cuadernos de las coimas», impulsada por Stornelli y el entonces juez Claudio Bonadío. Etchebest aportó pruebas contundentes, como grabaciones y material audiovisual, que documentaron encuentros entre el extorsionador y el fiscal en un bar de Pinamar. La divulgación de estos hechos generó un fuerte impacto político, obligando al gobierno de Cambiemos a desestimar las acusaciones mientras sus aliados, como Elisa Carrió, las atribuyeron a una supuesta «operación kirchnerista».
Tras un extenso juicio con más de cien testigos, los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y Gabriela López Iñíguez determinaron la responsabilidad penal de los acusados. D’Alessio acumuló condenas por asociación ilícita, violación a la Ley de Inteligencia, lavado de activos y cuatro intentos de extorsión, además de tenencia ilegal de armas. Los exagentes de la AFI Ricardo Bogoliuk y Rolando Barreiro recibieron penas de nueve años y medio y seis años, respectivamente, mientras que tres empresarios involucrados en el blanqueo de capitales obtuvieron condenas condicionales.
El caso también dejó al descubierto la connivencia entre el aparato estatal y ciertos medios de comunicación. Según el fiscal Marcelo Colombo, D’Alessio utilizaba su espacio en programas de televisión —donde se lo presentaba como «especialista» en seguridad— para filtrar datos sensibles y presionar a sus víctimas. Mientras tanto, Stornelli, originalmente procesado por su presunta participación en la red, evitó el juicio gracias a intervenciones de la Cámara de Casación, que lo sobreseyó bajo argumentos cuestionados por la defensa de las víctimas.
La sentencia no solo expone los mecanismos de corrupción durante la anterior administración, sino que reabre el debate sobre la infiltración de los servicios de inteligencia en la justicia y la prensa. Para los querellantes, el fallo sienta un precedente clave en la lucha contra el lawfare y las operaciones políticas encubiertas.
