En una maratónica jornada parlamentaria signada por tensiones y acuerdos de último minuto, la Cámara de Diputados convirtió en ley, en primera instancia, la versión agravada del régimen de incentivos. La norma, que otorga estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años, exenciones impositivas y la potestad de dirimir controversias en tribunales extranjeros, fue duramente cuestionada por la oposición, que alertó sobre el riesgo de constituir una «plutocracia» y de convertir al país en un enclave al servicio de las corporaciones de Silicon Valley, todo ello mientras el Poder Ejecutivo sorteaba una ofensiva política contra su vocero oficial.
La sesión del deliberativo se extendió más allá de lo previsto, atravesada por un clima de confrontación dialéctica y negociaciones paralelas que expusieron la compleja ingeniería política del actual gobierno. La jornada, que comenzó con el tiempo justo y el quórum ajustado al filo del reglamento, terminó consagrando dos victorias significativas para el oficialismo: el respaldo contundente a la gestión del jefe de Gabinete y la media sanción del denominado Súper Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, un instrumento jurídico que profundiza los lineamientos de su antecesor sancionado en 2024, pero con un enfoque renovado y polémico que apunta a sectores de vanguardia tecnológica hasta ahora inexistentes en la matriz productiva nacional, tales como la inteligencia artificial, los centros de procesamiento de datos y la industria de los semiconductores.
El proyecto, que ya fue girado a la Cámara de Senadores para su eventual sanción definitiva, no es percibido por los bloques opositores como una herramienta de desarrollo genuino, sino como una cesión de atribuciones estatales sin precedentes, trazada a la medida de los intereses de los magnates tecnológicos y los círculos financieros internacionales. La iniciativa consagra un blindaje normativo que restringe severamente la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía de las provincias, otorgando a los capitales transnacionales un «derecho adquirido, asimilable al de propiedad» que resulta intangible ante cualquier modificación legal posterior, tal como se desprende del articulado.
El desenlace de esta extensa sesión fue posible gracias a la hábil estrategia desplegada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien se puso al frente de las conversaciones para desactivar una ofensiva política que amenazaba con paralizar la actividad legislativa. El acuerdo forjado con la Unión Cívica Radical, el PRO y las fuerzas políticas provinciales permitió, en primer término, cerrar el frente contra el jefe de Gabinete, allanando el camino para tratar un temario que incluía tanto el desembolso a los fondos buitres como la cuestionada ley de incentivos. La demostración de poder de los gobernadores aliados, como Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, resultó determinante, ya que movilizaron a sus legisladores para asegurar el quórum necesario minutos antes del vencimiento del plazo reglamentario.
La sesión se inició pasadas las doce del mediodía con la presencia justa de los representantes, en un clima de incertidumbre que solo se disipó cuando Menem, en un llamado a viva voz, instó al nuevo vocero presidencial a ocupar su banca para alcanzar el número reglamentario. Esta maniobra evidenció la tensión que se vivía en la Casa Rosada desde días previos, donde se había demorado la renuncia del anterior vocero para no comprometer el quórum. La jura del reemplazante, Martín Matzkin, exsubsecretario de Articulación Federal y referente de Patricia Bullrich, se produjo en medio de aplausos del bloque libertario y una notable indiferencia del PRO, marcando las primeras fisuras en el frente aliado.
A medida que avanzaba la jornada, el recinto se convirtió en un escenario de agrias disputas retóricas. La discusión sobre el Súper RIGI, que se inició cerca de las cinco de la tarde tras la aprobación del pago a los litigantes internacionales, fue el punto álgido del debate. El diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, al tomar la palabra para defender la iniciativa, intentó instalar la idea de que la ley representa un paso hacia la civilidad y la competitividad internacional, preguntando retóricamente quién podría oponerse a incentivos fiscales, cambiarios y seguridad jurídica. Sin embargo, sus argumentos evidenciaron una preocupante carencia de profundidad respecto a las implicancias geoestratégicas de la revolución informacional actual, lo que fue oportunamente señalado por sus pares de la oposición.
La artillería crítica provino de diversos frentes. La diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, no dudó en calificar el proyecto como anticonstitucional, argumentando que viola el mandato de la Carta Magna que llama a garantizar el ambiente para el futuro, al no imponer condicionamientos al uso de recursos vitales como la energía y el agua. Por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, contextualizó la iniciativa como una pieza más de un engranaje legislativo mayor, que incluye proyectos sobre la inviolabilidad de la tierra y la reforma de la ley de sociedades, alertando que el objetivo final es instaurar una economía de enclave donde los monopolios extranjeros saqueen los recursos naturales sin generar empleo genuino.
La advertencia sobre el advenimiento de una «plutocracia» resonó con fuerza en la voz del diputado Maximiliano Ferraro, quien subrayó que el futuro del país no puede edificarse sobre un régimen de privilegios para unos pocos mientras millones de argentinos quedan al margen de la ecuación. En esta misma línea, el experimentado legislador Miguel Pichetto cuestionó la oportunidad y la necesidad de la ley, señalando que el gobierno aún no ofrece la confianza necesaria para atraer inversiones de esta magnitud y que los emprendimientos que el proyecto dice beneficiar ya estaban planificados, por lo que su aprobación resultaría redundante y lesiva. El impacto fiscal de la medida no pasó desapercibido, y el diputado Diego Giuliano fue contundente al calificarla como «un paraíso fiscal en medio del infierno que viven hoy las pymes».
El costo económico de esta decisión legislativa es uno de los puntos más controversiales. Estimaciones del Centro de Economía Política Argentina advierten que el RIGI generará un desembolso fiscal anual de al menos 1.069 millones de dólares, con un impacto crítico en la recaudación previsto para el próximo mandato presidencial, entre 2029 y 2033. La norma, que garantiza una alícuota reducida del quince por ciento en el impuesto a las ganancias frente al rango general de entre veinticinco y treinta y cinco por ciento, compromete a ocho administraciones presidenciales y dieciséis períodos legislativos, limitando la soberanía fiscal de las futuras generaciones de gobernantes.
En el centro de la polémica subyace un debate de fondo que atravesó el recinto de manera tangencial pero que resulta crucial: el desafío que tienen los Estados democráticos para contener el avance imparable de las grandes tecnológicas, cuyo poder fáctico constituye una amenaza latente para el funcionamiento de las instituciones republicanas. La facilidad con la que se aprobó esta normativa, sin un análisis exhaustivo de sus implicancias, encendió todas las alarmas sobre la capacidad del sistema político para resguardar los intereses nacionales frente a los embates del capitalismo de plataforma y la tecnocracia global.
