La jueza Sandra Arroyo Salgado accedió al pedido de la defensa, aunque mantiene al resto de los imputados en la cárcel. La funcionaria estaba acusada de participar en un escrache contra el diputado José Luis Espert.
La directora de Sensibilización y Promoción del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Alesia Abaigar, recuperará su libertad tras más de una semana de encierro en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. La magistrada Sandra Arroyo Salgado resolvió concederle el beneficio de la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica, tal como lo había solicitado su abogado defensor.
La decisión judicial establece que, una vez que la imputada informe el domicilio donde cumplirá la detención, las autoridades penitenciarias deberán proceder con su «inmediato traslado». Abaigar fue arrestada el 25 de junio por su presunta participación en una manifestación en la que se arrojó estiércol y se colocó un pasacalles con insultos frente a la vivienda del legislador oficialista José Luis Espert, en San Isidro. Las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio mostraban a un grupo de personas realizando esas acciones.
Sin embargo, otros cuatro acusados por el mismo hecho permanecerán tras las rejas. Entre ellos se encuentran la concejala quilmeña Eva Mieri, la militante de La Cámpora Candelaria Montes Cató, la psicóloga social Aldana Muzzi y el empleado administrativo Iván Díaz Bianchi. La diferencia en el tratamiento judicial generó críticas por parte de organizaciones políticas y sociales, que denuncian selectividad en las medidas cautelares.
Cuestionamientos a la jueza y movilizaciones
El martes pasado, un grupo de legisladores y activistas se congregó frente al Palacio de Tribunales en repudio a la detención de Abaigar. Durante la protesta, su representante legal, Daniel Llermanos, acusó a la jueza Arroyo Salgado de aplicar una línea represiva impulsada desde el Gobierno nacional: «Se está cumpliendo la profecía de Espert: ‘cárcel o bala’. Bala con Pablo Grillo, cárcel con Alesia», expresó en referencia a casos recientes de violencia política.
Paralelamente, la magistrada enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por «mal desempeño en sus funciones», presentada por los diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley. Los parlamentarios consideran que las detenciones y allanamientos ordenados en esta causa fueron desproporcionados, ya que los hechos investigados —según su perspectiva— no justificaban medidas tan extremas. «Como máximo podría tratarse de una contravención municipal», sostuvieron en un comunicado.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también alzó su voz contra Arroyo Salgado, acusándola de formar parte de una estructura de «persecución a la militancia» alineada con el gobierno nacional. Mientras tanto, el caso sigue generando controversia, en un contexto donde la polarización política tiñe cada decisión judicial.
