Tras el decreto que reorganiza el ente, trabajadores y sindicatos enfrentan un panorama desconcertante. Mientras el Gobierno avanza con la reestructuración, las dudas sobre empleos y funciones persisten.
El anuncio del Gobierno nacional sobre la reestructuración de Vialidad Nacional generó un clima de incertidumbre entre los trabajadores del distrito Tierra del Fuego, donde operan alrededor de ochenta empleados. Víctor Salgues, representante del sector, confirmó por FM La Isla que, si bien se esperaban cambios, la falta de información concreta sobre el destino de los puestos de trabajo y las funciones del organismo profundiza la preocupación.
El decreto, publicado en las últimas horas, disuelve Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y otros entes, trasladando sus competencias a una nueva Agencia de Concesiones y Servicios de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según Salgues, aunque los agentes mantendrán temporalmente sus cargos y categorías, no hay precisiones sobre cómo se implementará la transición ni qué pasará con los contratos vigentes, como los de mantenimiento invernal y repavimentación en zonas críticas como el Paso Fronterizo.
La reacción gremial, por ahora, se limita a asambleas y movilizaciones en la sede central, sin medidas de fuerza concretas. Sin embargo, la angustia crece entre los empleados, que ven cómo la política de ajuste estatal profundiza la precarización laboral. «Seguimos trabajando con normalidad, pero no sabemos si seremos absorbidos por la nueva agencia o si habrá despidos», admitió Salgues durante una entrevista radial.
El contexto nacional agrava el malestar. Las encuestas más recientes reflejan que el 50% de los argentinos teme perder su empleo, un fantasma que resurge con fuerza en medio de la recesión y el recorte de servicios públicos. La analogía con la crisis del 2001 no es casual: el endeudamiento familiar y la falta de perspectivas alimentan un clima de desesperanza que ya no distingue entre sectores públicos y privados.
Mientras tanto, en Tierra del Fuego, la pregunta sigue flotando: ¿qué pasará con los caminos, los contratos y, sobre todo, con las personas? El Gobierno insiste en que la reorganización es necesaria, pero hasta ahora solo ha dejado un rastro de dudas y silencios. Para Salgues y sus compañeros, la espera se ha vuelto una carrera contra el reloj.
