Mientras el Senado debatía proyectos clave, figuras vinculadas al gobierno de Milei incitaron a la represión y al cierre del Legislativo. Denuncias judiciales y cuestionamientos por la impunidad de quienes promueven ataques a la democracia.
Mientras los legisladores discutían iniciativas sensibles —como aumentos para jubilados, moratorias previsionales y fondos provinciales—, en las redes sociales circulaban mensajes alarmantes. No se trataba de usuarios anónimos, sino de personas estrechamente ligadas al entorno del presidente Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza (LLA).
La senadora Juliana di Tullio fue la primera en alertar sobre la situación. Desde su banca, denunció que el gobierno moviliza un «ejército digital» financiado con fondos públicos. «Están pagados con el dinero de los jubilados, los discapacitados y las provincias», afirmó, anticipando acciones legales. Horas después, en Mendoza, dos abogados presentaron una denuncia penal contra los autores de los tuits, acusándolos de intimidación pública, instigación al delito y apología de la violencia.
Los mensajes, de tono belicista, incluían consignas extremas. «Los tanques a la calle ya», exigió Daniel Parisini, alias Gordo Dan, uno de los usuarios más activos en la propaganda oficialista. Otro, bajo el seudónimo El Trumpista, propuso «organizar milicias populares armadas» para disolver el Congreso. Franco Antunes Puchol, conocido como Fran Fijap, fue más lejos: «Hay que dinamitar el edificio con los legisladores adentro». Estas declaraciones no fueron desmentidas por el gobierno, pese a su gravedad.
La estrategia oficial osciló entre la victimización y la provocación. La ministra Patricia Bullrich lideró la narrativa de un «golpe institucional» en ciernes, repitiendo un guion ya utilizado en 2023 para justificar represiones. Sin embargo, la retórica escaló cuando los simpatizantes del oficialismo pasaron a la acción digital, difundiendo incluso videos manipulados donde Milei aparecía disparando contra el Parlamento.
La denuncia judicial subraya el vínculo de los acusados con el poder. Los letrados mendocinos exigieron investigar si Parisini y Antunes Puchol reciben remuneración estatal. «No son simples ciudadanos, sino operadores políticos del partido gobernante», señaló un fiscal consultado, quien recordó que estos mismos actores se autoproclamaron «brazo armado» de LLA en un acto público meses atrás.
La impunidad selectiva genera críticas. Mientras Bullrich ordenó detener a un mozo por insultar al presidente en redes, sus aliados promueven ataques a las instituciones sin consecuencias. Myriam Bregman, del Ceprodh, lo resumió: «Es la doble vara del poder: a los opositores se los reprime; a los oficialistas, se los protege».
Expertos constitucionalistas advierten sobre el riesgo institucional. Andrés Gil Domínguez calificó los tuits como un ataque al artículo 36 de la Constitución, que defiende el orden democrático. «Esto no es libertad de expresión, sino incitación a la violencia», afirmó. Eduardo Tavani, de la APDH, cuestionó la inacción judicial: «Si tirar estiércol frente a un funcionario merece una causa, ¿por qué estos llamados a la destrucción quedan impunes?».
El escándalo refleja una grieta más profunda. Lejos de apagarse, la polémica se intensificó cuando C5N difundió imágenes de Parisini en un tanque real, en un evento con la vicepresidenta Villarruel. La justicia, ahora, tiene la palabra. Pero la pregunta que resuena es clara: ¿hay igualdad ante la ley, o el poder determina quién puede violentarla?
