Con amplio respaldo, la Cámara alta sancionó aumentos previsionales, la extensión de moratorias y una emergencia en discapacidad, desafiando las advertencias del Gobierno sobre posibles vetos y riesgos fiscales.
El Senado convirtió en ley tres proyectos clave: un incremento para las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Las iniciativas avanzaron a pesar del rechazo público del presidente Javier Milei y las críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien insistió en los riesgos de «volatilidad» para las cuentas públicas.
Aumento jubilatorio con ajuste mensual
Con 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones, la Cámara alta respaldó un incremento del 7,2% para todos los haberes previsionales, junto con una suba del bono extraordinario para las jubilaciones mínimas, que pasaría de $70.000 a $110.000, con actualización periódica según el índice de movilidad. De no mediar un veto presidencial, la jubilación mínima ascendería de $309.294,80 a $331.564,02, más el complemento adicional.
Además, se autorizó la transferencia de recursos de la ANSeS a las provincias para reforzar sus sistemas de pensiones, una medida acordada previamente con varios gobernadores. En tanto, la prórroga de la moratoria previsional —aprobada con 39 votos— permitirá durante dos años más el acceso a la jubilación para quienes no reúnen los aportes necesarios, evitando que deban recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, cuyo monto es un 20% inferior.
Unanimidad en discapacidad, pero choque con el Gobierno
El proyecto de emergencia en discapacidad obtuvo el respaldo unánime de los 55 senadores presentes, en contraste con el rechazo que había generado en Diputados entre los bloques oficialistas. La ley declara la emergencia hasta fines de 2026 y obliga al Poder Ejecutivo a garantizar fondos para las pensiones no contributivas, actualizar aranceles de tratamientos y fortalecer a los prestadores, quienes denuncian el éxodo de profesionales por ingresos insuficientes.
La normativa también exige reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad, reajustar la asignación mensual estímulo y ampliar el empleo protegido. Tras la votación, Caputo reiteró en redes su postura: «El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y no se negocia», insinuando un posible veto. El senador Luis Juez (Frente Pro), aliado del oficialismo pero padre de una joven con discapacidad, le respondió con dureza: «Nuestros hijos no son un número. Los trabajadores del sector tienen salarios miserables».
El desafío a Milei
Las leyes sancionadas enfrentan ahora la amenaza de veto presidencial, aunque solo el proyecto de discapacidad —al ser aprobado por unanimidad— podría resistirlo. El resto, al no alcanzar los dos tercios, quedarían sujetas a la decisión del Ejecutivo. La pulseada refleja el conflicto entre las demandas sociales y la austeridad promovida por el Gobierno, que ya advirtió sobre consecuencias económicas. Mientras organizaciones de jubilados y personas con discapacidad celebran las medidas, la pelota queda en el campo de la Rosada.
