La administración libertaria impulsa una ley para regular la gestión de intereses en el Congreso, pero al mismo tiempo promueve tres iniciativas que beneficiarían a multinacionales alimenticias, gigantes tecnológicos de Silicon Valley y plataformas de apuestas online, en una clara muestra de las contradicciones del denominado «modelo desregulador»
En un movimiento que ha generado encendidas controversias en el ámbito político y social, la administración que conduce Javier Milei remitió al Parlamento un compendio de cuatro iniciativas legislativas, entre las cuales sobresale una destinada a normar la actividad de los grupos de incidencia política. Según los voceros oficialistas, esta propuesta busca consolidar «una democracia más participativa, límpida y basada en la libertad individual», además de fortalecer la «credibilidad en los vínculos con las autoridades constituidas». No obstante, los tres proyectos restantes revelan una faz completamente opuesta, evidenciando cómo las presiones ejercidas por los conglomerados económicos más concentrados han logrado imponer un retroceso en la capacidad regulatoria estatal.
Los sectores que se perfilan como grandes beneficiarios de esta avanzada parlamentaria incluyen a las empresas procesadoras de comestibles, los monstruos tecnológicos asentados en el corazón de California, y los operadores de plataformas digitales de juegos de azar. Todos ellos estarían impulsando, en distintas medidas, la derogación de la normativa sobre advertencias nutricionales en envases, la aprobación de una ley flexible sobre el juego patológico online, y la instauración de un régimen de incentivos excepcionales para inversiones de capital foráneo.
Existe una de estas propuestas que, aparentemente, contradice la esencia antirregulatoria defendida por la Casa Rosada. Se trata de la denominada «Ley de Transparencia y Publicidad de las Gestiones de Incidencia», un instrumento que replica el modelo estadounidense de regulación del cabildeo y que constituye un nuevo gesto de acercamiento a las políticas impulsadas desde Washington. Según declaraciones del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la norma pretende «organizar y hacer visible a todos aquellos actores que procuran condicionar las resoluciones gubernamentales, detallando con qué funcionarios se vinculan y en provecho de quién operan». Si esta legislación estuviese actualmente vigente, el espacio político La Libertad Avanza debería ofrecer numerosas explicaciones acerca de los intereses particulares que se ocultan detrás de las recientes propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Uno de los episodios más sorprendentes lo constituye el intento de eliminar la Ley de Rotulado Frontal, sancionada con holgado respaldo legislativo en 2021. Dicha normativa exige la colocación de distintivos negros octogonales en los envoltorios de productos comestibles para alertar sobre niveles elevados de azúcares, sal, grasas y valor calórico, además de limitar la promoción publicitaria de los ultraprocesados dirigida a la población infantil y adolescente. Según datos proporcionados por la cartera sanitaria nacional, este cuerpo legal goza de una aprobación cercana al 90% por parte de los compradores, ya que les permite identificar con mayor rapidez aquellos artículos beneficiosos para la salud. «Resulta evidente que esta gestión ha cedido ante el cabildeo de las compañías alimentarias, que esgrimen idénticos argumentos a los que utilizaban con anterioridad», sostuvo la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, quien fungió como una de las redactoras de la iniciativa junto al entonces diputado radical Julio Cobos.
Cinco años atrás, mientras en el recinto legislativo se ventilaba el análisis de ese proyecto en comisiones, resultaba habitual observar la circulación de representantes de las firmas productoras de bebidas gaseosas, de los grandes ingenios azucareros radicados en Tucumán y de la entidad que agrupa a los fabricantes de comestibles, conducida por Daniel Funes de Rioja. Los mensajes de presión también se canalizaban a través de jefes comunales de territorios vinculados a la elaboración de víveres. Se sucedieron encuentros insistentes, algunos con intercambios subidos de tono, y otros más discretos, con visitas personalizadas a cada despacho.
«Todas las expresiones que escucho para justificar esta derogación son las mismas que presencié durante cinco años cuando discutíamos el proyecto original», confió Julio Cobos a este medio periodístico. El legislador recordó entonces: «Nos decían que debíamos armonizar las normas con el Mercosur». Casualidad mediante, ese es precisamente uno de los planteos que esgrime la propuesta libertaria, la cual afirma que el etiquetado constituye «una barrera para el intercambio comercial y las ventas al exterior» y que «no se condice con los parámetros internacionales de éxito», una afirmación que la Organización Panamericana de la Salud desmiente categóricamente. Según ese organismo sanitario, la Argentina posee las prácticas más avanzadas de rotulado nutricional en toda la región.
Para ilustrar con mayor claridad la simbiosis existente entre las viejas y las nuevas justificaciones, resulta pertinente recuperar un concepto: demonización. En 2021, cuando la ley ya contaba con media sanción en el Senado, Funes de Rioja declaró que el proyecto no apuntaba «a informar sino a demonizar productos». Las idénticas palabras fueron empleadas días atrás por el diputado libertario Alejandro Bongiovanni, responsable de impulsar la iniciativa oficial en el Parlamento. «A mí me parece nefasta esta norma. Estigmatiza productos alimenticios», expresó, y denunció la existencia de «un cabildeo de nutricionistas contra la industria de los comestibles».
Quizás las verdaderas razones para desmantelar una ley que promueve la información necesaria para tomar decisiones vinculadas con el bienestar físico se encuentren en el comportamiento de los mercados. Una investigación realizada por UNICEF y la Fundación Interamericana del Corazón evidenció modificaciones en los patrones de compra de los consumidores, destacándose la disminución en la adquisición de refrescos (63,1%), yogures (61,9%) y galletitas (49,7%). «Lejos de satanizar alimentos, lo que hace es visibilizar aquello que siempre estuvo presente, aunque oculto tras mensajes confusos, colores sugerentes y estrategias de mercadeo», afirmó la nutricionista Marín Laboureau. Y agregó: «Se redujo la compra de productos problemáticos y, quizás lo más relevante, la industria reformuló miles de artículos, disminuyendo su contenido de sal y azúcares para eludir las advertencias».
Otro de los proyectos remitidos por el Ejecutivo apunta a regular el fenómeno de la ludopatía digital, una iniciativa presentada a pesar de que ya existe un texto con media sanción en Diputados que fue debatido en comisiones con la participación de centenares de expertos. La propuesta oficial promueve «restringir la publicidad de plataformas no habilitadas», pero no establece ningún tipo de control sobre aquellas que cuentan con autorización, las cuales podrían afectar incluso a niños y niñas. Esta iniciativa ha sido denunciada por la oposición como funcional al cabildeo del juego online, priorizando la recaudación fiscal por encima de la atención de los problemas de salud mental.
Mientras se discutía el proyecto que ya cuenta con media sanción, las cámaras empresarias que agrupan a las firmas de tecnología financiera merodeaban los pasillos del Congreso y solicitaban audiencias cada vez que se producían novedades en el tratamiento legislativo. «No deseaban demasiadas regulaciones», relató la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade. En una oportunidad, se realizó un encuentro en el auditorio del anexo de la Cámara baja con directivos de loterías y casinos provinciales de todo el país, quienes pidieron que se normaran exclusivamente las plataformas ilegales. También asistieron representantes de los casinos de la provincia de Buenos Aires. «Todo giraba alrededor de la necesidad de regular o de impedir lo ilegal. Exactamente solicitaban lo que en este proyecto de ley del Gobierno mágicamente aparece», señaló la legisladora a este diario.
Frade contó que, en la víspera de la votación en Diputados, el propio Daniel Angelici había sido visto circulando por la Cámara y manteniendo contactos con algunos parlamentarios. «Con esta iniciativa han priorizado la recaudación y el lobby de las plataformas autorizadas —que tiene nombre y apellido— por encima de la salud mental de la población. Angelici es uno de ellos, porque las plataformas son extranjeras con patas locales y allí surgen los nombres de quienes explotan casinos y salas de bingo. Si esto se aprueba, no habrá nada para contrarrestar el avance de este flagelo», denunció la diputada. «La ley impulsada por Milei parece redactada por todos ellos, es todo lo que realmente anhelaban. Es un asunto puramente recaudatorio, no regula la prevención de la adicción al juego. El ludópata no pregunta si la plataforma está autorizada o no», sentenció.
El denominado Súper Rigi constituye otra de las propuestas confeccionadas a la medida de intereses específicos. La iniciativa oficial, que otorga ventajas excepcionales a corporaciones transnacionales vinculadas con la inteligencia artificial, dirige su mirada directamente hacia Peter Thiel, fundador de empresas como PayPal y Palantir, así como hacia otros grandes actores del polo tecnológico californiano. «Profundiza una determinación gubernamental de entrega absoluta de la soberanía a través de la cesión de sus recursos naturales estratégicos. En este caso tiene nombre y apellido, es una norma elaborada para las inversiones que Peter Thiel debe haber prometido en los distintos encuentros que mantuvo con el gobierno nacional», señaló a este medio la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca.
Para Valeria Di Crocce, docente de la Universidad Nacional de La Plata y autora del libro «El arca de Milei», la pregunta ineludible es: ¿Qué le ofrece la Argentina a Thiel? «Todo», respondió de manera lapidaria. «Milei entrega territorio a través de leyes como estas. Desmantelar, vaciar, eliminar regulaciones. Thiel cree que este es el camino para administrar países como si fuesen empresas que dirijan elites tecnológicas. Es su proyecto desde hace tres décadas», agregó.
Penacca consideró necesario incluir también en esta nómina a Elon Musk. «También mantiene vínculos. Hoy, sin dudas, el gran poder económico mundial se apoya sobre este tipo de desarrollos tecnológicos. Poseemos minerales especiales que resultan muy codiciados, el litio para empezar, pero también el cobre. Es lo que requieren estas nuevas tecnologías», completó la legisladora.
El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, reflexionó que «cuando las corporaciones económicas observan a los gobiernos debilitados, lo que procuran es imponerles condiciones», y de esa manera se define la agenda legislativa. «El Ejecutivo ha asumido como propia la agenda de prioridades de los grandes grupos económicos. Y las corporaciones están aprovechando la debilidad relativa del gobierno para arrancarle leyes a la medida de sus intereses. Lo vimos con la desregulación laboral y con las modificaciones introducidas en la ley de protección de glaciares». Además, Martínez subrayó que «quedó muy claro en la última sesión donde le quitaron beneficios a las zonas frías —con un potencial ahorro anual de 200 millones de dólares— para otorgar compensaciones económicas a las distribuidoras eléctricas por 1.800 millones de dólares».
