Mientras la oposición evalúa estrategias para enfrentar la decisión del Ejecutivo, los gobernadores se convierten en pieza clave para definir el respaldo a las medidas. La sesión del miércoles promete ser un campo de batalla legislativa.
El Poder Ejecutivo adelantó su decisión de rechazar el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, normas que habían sido aprobadas previamente por el Congreso. La firma del veto, confirmada este sábado, se oficializará el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial, desatando de inmediato un intenso debate político.
El presidente Javier Milei, en un gesto interpretado como una descarga frente a las recientes turbulencias económicas, optó por bloquear las iniciativas destinadas a los sectores más desprotegidos. La medida, difundida antes del plazo límite del 4 de agosto, generó reacciones inmediatas en los distintos espacios opositores, que comenzaron a delinear su respuesta parlamentaria.
Presión sobre los gobernadores
Desde la primera minoría en Diputados, Unión por la Patria, se interpretó que el apuro por vetar las leyes busca ejercer influencia sobre los mandatarios provinciales que aún negocian alianzas electorales con La Libertad Avanza. La fecha límite para sellar esos acuerdos es el 7 de agosto, un día después de una sesión legislativa que promete ser álgida.
En ese contexto, la oposición buscará aprobar proyectos como la Emergencia en Pediatría para proteger al Hospital Garrahan, el financiamiento universitario y la reactivación de la comisión LIBRA, además de insistir con la Ley de Emergencia para Bahía Blanca. También se intentará forzar el tratamiento de iniciativas impulsadas por los propios gobernadores, como la modificación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación de fondos fiduciarios, actualmente frenadas en la comisión de Presupuesto.
Divergencias en la oposición
Aunque existe consenso entre los bloques opositores para respaldar el incremento a los haberes jubilatorios, no ocurre lo mismo con la prórroga de la moratoria previsional. Esta división podría complicar la formación de mayorías necesarias para rechazar el veto, especialmente si el Ejecutivo decidió agrupar todas las iniciativas en un solo decreto.
«El Gobierno pretende forzar una votación en la que todo se apruebe o se deseche en bloque», señaló un legislador de centro, quien aclaró que, legalmente, cada norma podría tratarse por separado. Mientras tanto, los secretarios parlamentarios de la oposición optaron por esperar la publicación oficial del texto antes de definir su estrategia.
El rol clave de las provincias
Una vez más, la atención se centra en los gobernadores, cuyo apoyo resulta fundamental para alcanzar los dos tercios requeridos para anular el veto. Si bien algunas provincias, como Mendoza y Entre Ríos, avanzan en acuerdos con el oficialismo, otras como Córdoba mantienen distancia. Desde allí aseguraron que respaldarán el aumento jubilatorio pero no la moratoria, ni el veto a la Emergencia en Discapacidad.
En tanto, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires aún no cerró su postura, mientras que en la oposición evalúan retrasar el tratamiento de las insistencias hasta después del 17 de agosto, cuando se oficialicen las listas electorales. «Es probable que para entonces haya más disconformes dispuestos a sumarse», anticipó un diputado opositor.
Confianza oficialista y desafíos por venir
Desde Balcarce 50, el equipo de Milei se muestra seguro de contar con los votos necesarios para sostener el veto. Sin embargo, la tarea no será sencilla: necesitan el respaldo de sus 39 diputados, más los del PRO, el MID y algunos legisladores alineados con gobernadores.
Mientras tanto, la sesión del miércoles se perfila como un nuevo escenario de confrontación. «El Garrahan y las universidades son prioridad», afirmó la diputada Julia Strada, quien adelantó que también se insistirá con los proyectos de los gobernadores. «Luego veremos cómo enfrentar el veto», agregó, en referencia a la compleja búsqueda de los dos tercios necesarios.
Las leyes vetadas incluían un incremento del 7,2% en haberes y pensiones, la suba de un bono asistencial y la reactivación de la moratoria previsional. La Emergencia en Discapacidad, por su parte, establecía actualizaciones automáticas por inflación y mejoras en las pensiones no contributivas. Ahora, su destino depende de una pulseada política que recién comienza.
