La decisión del INCAA de transferir la plataforma audiovisual al sector privado, argumentando un ahorro de 330.000 dólares anuales, desata críticas por el riesgo para el patrimonio fílmico nacional y el acceso gratuito a producciones locales.
El Ejecutivo avanza con la privatización de CineAr, la emblemática plataforma estatal de cine argentino, en una medida que ha generado un intenso debate entre la promesa de «eficiencia económica» y las advertencias sobre el vaciamiento del patrimonio audiovisual. El anuncio, difundido mediante un escueto mensaje en redes sociales por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), señala que la medida permitirá un ahorro de 330.000 dólares anuales —desglosados en 175.000 en salarios y 155.000 en costos operativos—, bajo el argumento de «liberar al Estado de gastos innecesarios» y avanzar hacia la «libertad económica».
Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por sectores culturales y usuarios, quienes destacan que el monto ahorrado representa apenas el 0.88% del presupuesto anual del INCAA, estimado en 50.000 millones de pesos (unos 37,3 millones de dólares). Críticos señalan que el impacto fiscal es insignificante frente al valor simbólico y material de CineAr, que alberga más de 2 millones de usuarios registrados y un vasto catálogo de películas, documentales y series nacionales, incluyendo obras de directores consagrados como Lucrecia Martel y Leonardo Favio.
El riesgo para el acervo cultural
La plataforma, creada en 2010 como Incaa TV y relanzada en 2015 como CineAr Play con soporte técnico de Arsat, no solo funciona como un servicio de streaming gratuito, sino también como un archivo histórico del cine argentino. «No es una plataforma para hacer dinero, sino un resguardo del patrimonio audiovisual del país», afirmó un usuario en redes sociales, reflejando el temor a que la privatización derive en la pérdida de acceso a contenidos o en su monetización.
El proceso de transferencia comenzó en marzo de 2025, cuando el Gobierno traspasó CineAr, junto a sus secciones Play y Estrenos, a la empresa estatal Contenidos Artísticos e Informativos S.A., dependiente de la Secretaría de Medios, liderada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Este movimiento fue interpretado como el primer paso hacia una privatización total, ahora confirmada por el INCAA, aunque sin detalles sobre el destino del catálogo o el modelo de gestión futuro.
Reacciones y tensiones políticas
La medida se enmarca en la política de ajuste del Gobierno, que ya había impulsado recortes en el sector cultural. Mientras el oficialismo celebra la reducción del gasto público, opositores y referentes del cine nacional denuncian un «desguace planificado» de las instituciones culturales. «Es un ataque a la identidad argentina. Por unos pocos dólares, sacrifican una herramienta clave para la difusión de nuestro cine», afirmó un crítico en redes.
La falta de transparencia sobre el destino de los fondos ahorrados y la incertidumbre sobre el futuro editorial de la plataforma alimentan las sospechas. Algunos especialistas advierten que, bajo gestión privada, el acceso gratuito podría desaparecer o limitarse, afectando especialmente a audiencias de menores recursos.
Un debate que trasciende lo económico
Más allá de las cifras, la discusión refleja una pugna entre dos visiones: la que entiende la cultura como un servicio público esencial y la que la reduce a una mercancía sujeta a las reglas del mercado. Con CineAr en la mira, la pregunta que flota en el aire es si el Estado debe preservar —o abdicar— su rol como custodio de la memoria audiovisual nacional.
Mientras el Gobierno insiste en que la medida optimizará recursos, la sociedad civil y el sector artístico se movilizan para defender lo que consideran un patrimonio irrenunciable. El desenlace de este pulso podría definir no solo el futuro de una plataforma, sino el lugar que ocupa la cultura en la Argentina de los próximos años.
