Entre robos de dosis, ampollas adulteradas y advertencias internacionales, el país enfrenta señales tempranas de un problema que ya devastó a Estados Unidos. Mientras las autoridades locales niegan un consumo masivo, la DEA apunta a vulnerabilidades estructurales y zonas fronterizas críticas.
Argentina empieza a asomarse al oscuro escenario que el fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la heroína, ya impuso en países como Estados Unidos, donde dejó miles de muertes en su paso. La ruta local combina elementos inquietantes: sustracción de ampollas de uso hospitalario, venta clandestina por parte de visitadores médicos y personal de salud a personas con adicciones, conexiones empresariales con la política, pasos fronterizos permeables, rutas nacionales que vinculan múltiples provincias y laboratorios improvisados en pocos días.
Aunque nada de esto sorprendería a quien haya seguido la crisis de opioides que golpea a Norteamérica desde hace más de una década, episodios como el caso “Puerta 8” en 2022 —con 22 muertes por cocaína mezclada con carfentanilo— o el reciente escándalo de las ampollas contaminadas en el Hospital Italiano de La Plata, que provocó al menos 68 fallecimientos, pusieron el tema en el centro del debate público.
En Argentina, el fentanilo es legalmente un medicamento regulado por las leyes 23.737 y 17.818, ambas referidas a estupefacientes y psicotrópicos. Sin embargo, los listados de sustancias controladas ya incluyen más de 130 variantes químicas. En provincias como Buenos Aires y Córdoba, las autoridades insisten en que no existe un aumento abrupto en su consumo, pero un reciente informe de la DEA —que menciona al primer año de gobierno de Javier Milei y el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad— dibuja un panorama con grietas importantes.
La agencia estadounidense celebra ciertos cambios legislativos y el envío de efectivos argentinos a capacitaciones propias, pero advierte que el país arrastra debilidades graves: lavado de activos, corrupción, evasión fiscal y contrabando, sumados a un sistema financiero, inmobiliario y de juegos con supervisión insuficiente. Incluso apunta a la Unidad de Inteligencia Financiera como un organismo con recursos limitados, trabas judiciales y baja efectividad en condenas.
La novedad más llamativa del documento es la inclusión de Tierra del Fuego como punto crítico. Según la DEA, las zonas francas argentinas y el área aduanera especial de la provincia carecen de controles sólidos para impedir el contrabando de efectivo y drogas. Un señalamiento que, curiosamente, no tuvo eco en el debate público.
Aunque en 2024 la agencia había mencionado de manera ambigua el flujo de fentanilo hacia Argentina, Chile y Uruguay, su última advertencia llega en un contexto donde la amenaza se materializa tanto en robos y desvíos como en contaminación de dosis hospitalarias. En marzo de este año, por ejemplo, seis personas fueron detenidas en Misiones durante una entrega controlada de ampollas robadas.
El fentanilo, comercializado ilegalmente bajo nombres como “China White”, “Apache” o “Murder 8”, mata a unas 200 personas por día en Estados Unidos, según cifras de 2022. Su cadena de suministro se apoya en China, México e India, y la DEA prevé que otros productores emergerán pronto, dado que su elaboración no depende de cultivos como la coca o la amapola.
En Argentina, las incautaciones han sido esporádicas: 500 ampollas interceptadas en Posadas en 2023, decomisos menores en Buenos Aires y procedimientos aislados en barrios como Villa Fraga. Para las autoridades, no existe aún una red criminal organizada que lo comercialice en grandes cantidades. Sin embargo, fuerzas como la Policía Antinarcotráfico de Córdoba ya entrenan perros para detectarlo, anticipando que la amenaza es cuestión de tiempo.
En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad destaca que el 95% de lo que se incauta sigue siendo marihuana, seguida por cocaína, y que las pequeñas bandas locales no tienen alcance internacional. Pero el caso del laboratorio HLB Pharma, vinculado a ampollas contaminadas distribuidas en hospitales, sacudió esa sensación de lejanía: no solo dejó decenas de muertos, sino que destapó conexiones empresariales y políticas que hoy se disputan en plena arena electoral.
Mientras tanto, las advertencias de la DEA, los movimientos legislativos del gobierno y las investigaciones judiciales conviven con una percepción oficial de que el fentanilo aún no es un problema masivo en Argentina. Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que cuando la droga ya circula, suele ser demasiado tarde para frenarla sin pagar un costo alto.
