Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como miembro clave de la banda que ejecutó el salvaje crimen de tres jóvenes en Florencio Varela, fue trasladado desde Lima en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina. Permanece detenido en el penal de Marcos Paz y enfrentará esta semana una indagatoria que podría derivar en prisión perpetua.
En las últimas horas, la nave oficial de la Fuerza Aérea Argentina surcó el cielo nocturno hasta posarse en la Base Aérea del Palomar. De su interior emergió, bajo un hermetismo absoluto y un cerco militar sin fisuras, uno de los prófugos más buscados del país: Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en los expedientes judiciales y en las crónicas policiales con el alias de “Pequeño J”. Su regreso al territorio nacional no fue un trámite burocrático, sino el desenlace de una minuciosa persecución que comenzó hace ocho meses en Lima, Perú, donde fue interceptado por las autoridades locales en septiembre del año pasado.
El operativo de captura y traslado demandó una articulación logística de alto vuelo. El avión partió con escalas previas en Salta y Asunción, Paraguay, antes de dirigirse a la capital peruana. En Lima, efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), junto a enlaces de Interpol, asumieron la custodia del sospechoso. No viajó solo: junto a él fue traído otro ciudadano peruano acusado por abuso sexual, y en Asunción se sumó un tercer imputado por tenencia ilegal de armas de fuego. El imponente dispositivo de seguridad rodeó a Valverde desde su salida del país andino hasta su arribo al suelo argentino, pasadas las veinte horas del lunes.
Inicialmente, las autoridades habían proyectado alojar a “Pequeño J” en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, sobre la calle Madariaga. Sin embargo, una resolución posterior del Servicio Penitenciario Federal determinó su reclusión en el sector de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, tal como confirmaron fuentes del caso a Infobae. La decisión obedece a criterios de seguridad y a la condición etaria del detenido, quien aún no alcanza la mayoría de edad convencional en ciertos aspectos procesales.
Para este martes está previsto un momento clave en la causa: Janzen Valverde será interrogado mediante videoconferencia por la Justicia federal de Morón. El expediente recae en el Juzgado Federal N°2, a cargo del magistrado Jorge Rodríguez, con la secretaría de Ignacio Calvi. Al joven se lo acusa de haber participado en el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, un crimen perpetrado en septiembre de 2026 en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Los delitos que se le atribuyen son privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento. De ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua. No existe otra salida para quien se convirtió en símbolo del horror.
Sin embargo, un dato sorprendente trascendió en las últimas horas: hasta el mediodía del lunes, ningún abogado se había presentado voluntariamente para ejercer su defensa ante el tribunal federal. La pregunta que muchos se formulan es por qué la extradición demandó ocho meses si Argentina y Perú están vinculados por un tratado vigente del Mercosur. Los investigadores consultados explicaron que la demora no obedeció a ninguna negligencia local, sino a las características del sistema judicial peruano. “La solicitud se firmó hace un mes y medio. Todo transcurrió dentro de los plazos normales. Perú suele ser más lento por su propia organización: allí todas las decisiones pasan por la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo, con pocos intermediarios y una fuerte centralización. Eso alarga los tiempos”, señaló uno de los pesquisas.
El triple asesinato que conmocionó a la sociedad argentina todavía resuena como una herida abierta en la memoria colectiva. Las víctimas eran adolescentes o apenas superaban esa etapa. Fueron acuchilladas y mutiladas, incluso después de haber expirado, para luego ser sepultadas en tumbas superficiales, casi rasantes al piso. El móvil, según la acusación, habría sido el robo de un cargamento de estupefacientes o de dinero en efectivo. En ese contexto, “Pequeño J” emergió rápidamente como uno de los nombres más temibles de la cronología delictiva nacional, envuelto en un velo de misterio y también de exageración. Fue el primer señalado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, que trabajó bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios, con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli. Ellos lograron esclarecer los femicidios y elevaron la causa a la esfera federal para profundizar la pista narco.
Las primeras pesquisas, alimentadas por conjeturas y trascendidos periodísticos, situaron a Janzen Valverde como un presunto autor intelectual de los crímenes. Su caída en Lima ocurrió en una carrera contrarreloj, después de que cruzara clandestinamente por Bolivia en compañía de Matías Ozorio, un argentino oriundo de Barracas que también integraba la banda. Ozorio, que había tenido una decena de empleos registrados, solía ser objeto de burlas y menosprecio por parte de sus propios cómplices. Días antes de su huida, “Pequeño J” se había refugiado en Isidro Casanova, específicamente en la vivienda de su última pareja, situada en el barrio El Tambo. Allí, en medio de un estado de paranoia y persecución, abandonó una pistola calibre .40 y un jogging manchado con sangre. Las cámaras de seguridad, por otra parte, lo captaron junto a Lara Gutiérrez en las jornadas previas a la masacre.
A pesar de la relevancia de su aprehensión, en el expediente aún figuran dos fugitivos de mayor jerarquía dentro de la organización criminal. Ambos son de nacionalidad peruana. El primero es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, quien a través de sus abogados sostuvo ante el Juzgado Federal N°2 que se encontraba en Perú cuando ocurrió el triple homicidio. No obstante, la solicitud de captura en su contra continúa vigente. El segundo y más escurridizo es Alex Ydone Castillo, un narcotraficante señalado como el dueño original de la droga que habría sido sustraída y que desencadenó la furia homicida. Un escalón más arriba en la pirámide del narcotráfico, Castillo representa la pieza más difícil de alcanzar. Mientras tanto, el secretario Ignacio Calvi suma en las últimas semanas tres nuevos sospechosos vinculados al traslado de las víctimas y a su reclusión en una vivienda del barrio Villa Vaettone, donde las jóvenes fueron torturadas y mutiladas sin piedad. La causa, lejos de cerrarse, se expande como un remolino de sombras que aún no han sido iluminadas por completo.
