Mientras las autoridades judiciales profundizan las pesquisas en Bahía Blanca, diputados exigen respuestas al Gobierno por la peor intoxicación medicamentosa en la historia del país.
La crisis sanitaria desatada por el fentanilo adulterado continúa en el centro de la escena, con un saldo provisional de 96 víctimas fatales en todo el territorio nacional. No obstante, la cifra podría variar debido a que nueve casos registrados en Bahía Blanca permanecen bajo análisis por su origen indeterminado.
En un avance significativo, las fuerzas de seguridad lograron decomisar la totalidad de las ampollas distribuidas, evitando que más pacientes fueran expuestos al opioide contaminado con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Según fuentes oficiales, se trataba de más de 100 mil unidades que, afortunadamente, no llegaron a ser administradas.
Investigaciones y Allamientos
El operativo para desarticular la red de distribución incluyó un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, ubicada en Córdoba, donde se incautaron historias clínicas que podrían aportar datos clave para esclarecer el circuito del fármaco letal. Las pesquisas se centran ahora en determinar las fallas en los mecanismos de control que permitieron la circulación del medicamento en hospitales públicos y privados.
Reclamo Político Unánime
Ante la magnitud de la tragedia, la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó por consenso un pedido de informes al Poder Ejecutivo. El dictamen, que unificó cinco proyectos presentados por bloques opositores y oficialistas, demanda precisiones sobre los controles a los laboratorios responsables, el número exacto de fallecidos y las alertas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud y la ANMAT.
Pablo Yedlin, titular de la comisión, calificó el hecho como «la peor intoxicación medicamentosa desde la creación de la ANMAT», mientras que el diputado Pablo Juliano comparó la cifra de muertos con «las tragedias de Once y la AMIA», cuestionando la falta de responsables en la cadena de distribución.
Entre los puntos clave del requerimiento figuran detalles sobre los casos confirmados y sospechosos, las acciones tomadas por los organismos de control y el estado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., involucrados en la producción del fármaco. La solicitud también exige un informe pormenorizado sobre las inspecciones realizadas y las posibles negligencias que facilitaron esta catástrofe.
Mientras las familias de las víctimas aguardan justicia, el caso expone grietas en el sistema de vigilancia sanitaria y reactualiza el debate sobre la regulación de medicamentos en el país.
