El diputado de La Libertad Avanza aseguró que legisladores de bloques dialoguistas buscaron intercambiar su apoyo a los DNU del Gobierno por un lugar en las listas oficialistas. Reveló que hubo un acuerdo incumplido para evitar el quórum.
El diputado Alberto «Bertie» Benegas Lynch, integrante de La Libertad Avanza, lanzó duras acusaciones contra sectores del arco político que, según su versión, intentaron negociar su respaldo a los decretos de desregulación impulsados por el Gobierno a cambio de asegurarse una candidatura bajo la sigla oficialista.
En una entrevista radial, el legislador evitó revelar identidades, aunque admitió conocer «nombre y apellido» de quienes habrían estado dispuestos a cambiar su posición durante la sesión del miércoles pasado, en la que se rechazaron varias medidas del ministro Federico Sturzenegger. Entre ellas, destacó la reforma del INTA y el INTI, la disolución de Vialidad Nacional y las iniciativas sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
«No puedo dar nombres porque se arma un escándalo monumental», declaró Benegas Lynch, aunque precisó que los involucrados pertenecen a bloques que representan «un tercio de la Cámara», excluyendo a la oposición de Unión por la Patria, la izquierda y el propio oficialismo, incluido el PRO.
El parlamentario calificó aquella jornada como «un día negro» y confesó que tuvo intenciones de intervenir en el recinto para «prender fuego» simbólicamente contra quienes, según él, incumplieron un pacto para retirarse y evitar el quórum. «No me dejaron hablar», se quejó, en referencia a las limitaciones impuestas por su propio bloque.
Acuerdos rotos y chantajes
Benegas Lynch confirmó que existía un compromiso previo entre varios legisladores para abandonar la sesión al momento de votar los decretos, estrategia que hubiera impedido su rechazo. Sin embargo, «se comprometieron a levantarse y no lo hicieron», aseguró. Esta maniobra frustrada, según su relato, demostraría que la derrota del oficialismo no se debió a falta de habilidad negociadora, sino a «chantajes» de quienes buscaban beneficios políticos.
«Pretenden que tengamos diálogo con tipos que te extorsionan», afirmó con tono indignado. En sus palabras, una parte del Congreso «quiere destruir al país», mientras que otra fracción aprovecha la situación para «exigir un lugar en las listas de LLA» ante el temor de perder sus bancas.
Al ser interrogado sobre si los votos se condicionaron explícitamente a una negociación, respondió sin ambages: «Directamente». La revelación agrega un nuevo capítulo de tensión en el ya conflictivo vínculo entre el Gobierno y el Legislativo, en un contexto donde el Ejecutivo amenaza con aplicar vetos ante posibles rechazos futuros.
Mientras tanto, la polémica trasciende el ámbito parlamentario y se instala en la opinión pública, donde las acusaciones de «tratos bajo la mesa» y «deslealtad política» prometen avivar el debate en las próximas semanas, especialmente a la espera de la definición del Senado.
