Mientras el músico prepara su show en Vélez, la Justicia evalúa su capacidad para enfrentar el juicio por homicidio agravado.
La noticia del retorno de Pity Álvarez a los escenarios, previsto para el próximo 5 de diciembre en el estadio José Amalfitani, generó revuelo en el ámbito musical. Sin embargo, detrás de este esperado evento persiste un interrogante judicial sin resolver: la situación legal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, imputado por homicidio agravado con arma de fuego de portación ilegítima en el marco de un episodio ocurrido el 11 de julio de 2018 en el barrio porteño de Cardenal Samoré, donde Cristian Díaz perdió la vida.
Desde aquel incidente, el artista atravesó distintas etapas bajo custodia del Estado, alternando entre prisiones convencionales, centros de salud mental, arresto domiciliario con tobillera electrónica y, finalmente, libertades condicionadas. Este proceso estuvo acompañado por tratamientos psiquiátricos y médicos, necesarios debido a las múltiples complicaciones de salud que lo afectan, como diabetes, EPOC e hipertensión.
El camino judicial ha estado marcado por postergaciones. En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de Capital Federal había fijado el inicio del juicio para febrero del año siguiente, pero la audiencia fue suspendida luego de que peritajes determinaran que Álvarez no se encontraba en condiciones cognitivas para enfrentar el proceso. Desde entonces, el caso permanece en un limbo, con evaluaciones periódicas que buscan determinar si su estado mental ha mejorado lo suficiente como para reiniciar las actuaciones judiciales.
En los últimos años, las medidas restrictivas sobre el músico se han flexibilizado progresivamente. En septiembre de 2021, se le permitió continuar su tratamiento de salud mental en un centro terapéutico de Castelar. Más tarde, en junio de 2022, obtuvo el arresto domiciliario en la vivienda de su madre, ubicada en el complejo Piedrabuena de Villa Lugano. Cien días después, la Justicia amplió sus permisos, retirándole la tobillera electrónica y permitiéndole circular por el AMBA, siempre bajo la supervisión de su familia y con estrictas condiciones, como la prohibición de consumir alcohol o acercarse a los familiares de la víctima.
Según allegados, Álvarez ha cumplido con las exigencias judiciales sin inconvenientes, lo que le valió nuevas autorizaciones, incluyendo la posibilidad de retomar su carrera artística. No obstante, fuentes cercanas al caso admiten que su recuperación ha sido irregular, aunque destacan que las salidas recreativas concedidas no generaron incidentes.
Ahora, mientras los fanáticos anticipan su presentación en Vélez, la Justicia aguarda los resultados de los últimos informes médicos que definirán si el músico está en condiciones de enfrentar el juicio. El regreso de Pity Álvarez a los escenarios promete ser un momento emotivo, pero también reabre el debate sobre el delicado equilibrio entre la reinserción social y el peso de una causa que aún espera su cierre definitivo.
