La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) ordenó la postergación del partido entre Independiente y Platense, programado para este domingo. La medida surge como consecuencia de los graves disturbios ocurridos en el estadio durante el encuentro ante Universidad de Chile. El escenario permanece en estado calamitoso y la Conmebol evalúa sanciones ejemplares.
La Agencia dePrevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la suspensión inmediata del compromiso que mantendrían este domingo Independiente y Platense, correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. La resolución constituye un efecto directo de los severísimos altercados registrados el pasado miércoles en el cotejo válido por la Copa Sudamericana que enfrentó al conjunto local con su par de la Universidad de Chile. En virtud de esta determinación, el encuentro deberá ser reprogramado por la Asociación del Fútbol Argentino, desestimándose así incluso la posibilidad de jugarlo a puertas cerradas en Avellaneda o de trasladar la localía a un escenario neutral, alternativa que había dejado expedita un fallo judicial inicial.
Mediante un comunicado oficial difundido en la red social X, el Club Atlético Independiente manifestó su acatamiento a la solicitud de APreViDe. “Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de APreViDe para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga”, rezaba el texto. La institución de Avellaneda enfatizó que sus socios y simpatizantes “fueron víctimas de lo ocurrido” y ratificó su compromiso de que estos “puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”.
Esta postergación se produce en un contexto de extrema tensión institucional y con un panorama edilicio desolador. La Fiscalía N° 4 de Avellaneda, a cargo de la investigación de los hechos, había solicitado formalmente la clausura y suspensión del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Frente a este pedido, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del magistrado José Luis Arabito, había determinado que el club podía utilizar el recinto pero de manera exclusiva sin la presencia de público. Paralelamente, la investigación penal continúa su curso mientras el estado de la tribuna Pavoni permanece inalterable desde la nefasta noche del miércoles: puertas violentamente arrancadas, portones destrozados, baldosas y restos de sanitarios y lavatorios esparcidos por el suelo, un puesto de comida completamente desmantelado, daños severos en un depósito de limpieza –con baldes y palos de escoba regados por doquier– y cañerías de agua junto a conexiones eléctricas seriamente comprometidas.
Mientras tanto, desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, aún no se han emitido novedades concretas respecto de las sanciones que impondrá el organismo continental a ambos clubes involucrados por los desmanes y actos vandálicos perpetrados por sus barras bravas. Las altas esferas de Independiente anticipan que el equipo será expulsado de la presente edición de la Copa Sudamericana, no obstante, concentran sus esfuerzos en atenuar castigos futuros, tales como la inhabilitación para competir en torneos internacionales por varias temporadas o la obligación de jugar sin espectadores.
Según informaciones extraoficiales, el ente disciplinario de la Conmebol se tomará el tiempo necesario para analizar minuciosamente todo el material probatorio disponible antes de emitir un veredicto. El cronograma le es favorable, ya que los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana están pautados recién para partir el martes 16 de septiembre. En las últimas horas de este viernes, desde Paraguay se dio a conocer el documento de apertura del expediente, el cual incorpora los testimonios claves del árbitro del encuentro, Gustavo Tejera; del funcionario y veedor delegado de la Confederación Sudamericana, Michael Sánchez Alvarenga; y de un oficial de seguridad cuya identidad no fue revelada.
Más allá de los hechos de público conocimiento, la versión consignada por los funcionarios en sus declaraciones no solo detalla la violencia desplegada por los barras bravas chilenos, sino que también responsabiliza de manera explícita a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según estos reportes, la fuerza se negó sistemáticamente a intervenir para frenar la escalada de violencia, desoyendo una sucesión de pedidos concretos que apuntaban a evitar males mayores y que se ajustaban a su propio protocolo interno de actuación.
