El gobierno nacional presentó una solicitud formal ante la jueza Loretta Preska para revisar el requerimiento de acceso a correspondencia privada de funcionarios. Expertos legales anticipan que, de ser denegada, la defensa argentina procederá con una apelación.
El Estado argentino elevó una petición formal a la magistrada Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando que reconsidere el exigente requerimiento de entregar registros de comunicaciones electrónicas de altos funcionarios vinculados al litigio por la petrolera YPF. La presentación, difundida públicamente por el analista jurídico Sebastián Maril, advierte que, de mantenerse el fallo inicial, las autoridades nacionales avanzarán con una apelación formal.
La controversia se origina en una orden judicial emitida a mediados del mes pasado, que compelía a la República Argentina a proporcionar correos electrónicos, intercambios de WhatsApp y demás formas de comunicación privada de diversas figuras gubernamentales. Entre los nombrados se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa, además de otros integrantes de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández.
Cabe destacar que el requerimiento se enmarca dentro del proceso denominado “descubrimiento probatorio” o discovery, mediante el cual los demandantes buscan acceder a información específica. No obstante, se aclaró que la solicitud no implica la entrega integral de los dispositivos, sino la realización de búsquedas focalizadas mediante términos clave.
Entre las palabras sujetas a indagación figuran “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, “Banco Central”, “ENARSA” y “Banco Nación”. El objetivo declarado de los fondos acreedores es demostrar que estas empresas operan como “alter ego” del Estado nacional, con el fin de habilitar embargos sobre sus bienes para cobrar una sentencia que asciende a 16.000 millones de dólares, más intereses acumulativos.
La argumentación jurídica desplegada por los letrados argentinos subraya que, conforme a la legislación estadounidense, solo pueden ser requisados documentos que se encuentren bajo la “posesión, custodia o control” del Estado requirente. En este caso, se alega que el gobierno no ejerce potestad alguna sobre las cuentas y dispositivos de carácter personal de sus funcionarios. Asimismo, se invocan normas locales que protegen la inviolabilidad de las propiedades privadas, incluso en contextos de investigaciones judiciales.
Otro aspecto relevante de la estrategia de defensa fue una segunda moción, mediante la cual se solicita la exclusión de pedidos de descubrimiento sobre activos considerados inembargables. En este punto, se critica a la magistrada por omitir jurisprudencia fundamental, como el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “NML Capital”.
Detrás de esta ofensiva legal se encuentran los fondos Burford Capital, de origen británico, y Eton Park, quienes —según analistas— despliegan tácticas agresivas para forzar una negociación que maximice su recupero económico. La resolución de la jueza Preska podría sentar un precedente crucial no solo para este caso, sino para futuros litigios contra el Estado argentino.
