La justicia federal avanza en la investigación por presuntas coimas a laboratorios. Secuestran grandes sumas de dinero en efectivo y se levanta el secreto bancario de los implicados, en un caso que sacude al Gobierno nacional.
En una jornada de intensas acciones judiciales, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires concretó allanamientos simultáneos en tres dependencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos, desarrollados en sus sedes de las calles Ramsay, Irigoyen y Avenida Rivadavia, se enmarcan en la causa que investiga un presunto entramado de corrupción vinculado a la adquisición de medicamentos para el Estado, destapado por una serie de audios comprometedores.
La investigación cobró fuerza tras la divulgación de las grabaciones en las que el entonces director del organismo, Diego Spagnuolo, admitía exigir pagos ilegales a laboratorios para asegurarles la venta de fármacos. Frente a estas graves acusaciones, Spagnuolo formalizó su defensa ante la Justicia Federal designando a los letrados Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales.
Mientras el presidente Javier Milei desmintió categóricamente los hechos y anunció la presentación de una denuncia contra su exfuncionario, la atención se centra en el próximo movimiento de Spagnuolo. La incertidumbre judicial reside en si el imputado negará las conversaciones, se acogerá a la figura de colaboración justice o intentará proteger a allegados del Presidente que fueron mencionados en los diálogos, como su hermana Karina Milei y Lule Menem.
En un giro significativo, el magistrado interviniente, Sebastián Casanello, accedió a un requerimiento del fiscal federal Franco Picardi y dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como del propio Spagnuolo. La medida busca rastrear movimientos financieros injustificados que podrían evidenciar el flujo de los supuestos sobornos, para lo cual se emitieron oficios a la AFIP y al Banco Central.
Esta decisión se complementa con una orden de bloqueo preventivo de cualquier ingreso a cajas de seguridad que los investigados pudieran tener en entidades bancarias. La pesquisa ya había arrojado resultados contundentes durante allanamientos previos en las viviendas de los hermanos Kovalivker en Nordelta, donde se incautaron 266.000 dólares estadounidenses en efectivo y siete millones de pesos en el interior de un vehículo. En una de las residencias, las cajas fuertes fueron halladas abiertas y vacías, sugiriendo un apresurado intento de deshacerse de evidencia ante la inminencia del operativo policial.
El caso continúa su curso bajo estricto secreto de sumario, en una investigación que promete nuevas revelaciones.
