Denuncias penales y civiles buscan prohibir la difusión de audios que involucran a funcionarios en un caso de coimas. La medida es tildada de censura previa y persigue a periodistas con argumentos de una conspiración internacional.
El Gobierno de Javier Milei ha emprendido una ofensiva judicial para silenciar a periodistas y abogados, en un intento por opacar el escándalo de presuntas coimas en el área de Discapacidad y la profunda interna libertaria que originó las grabaciones que revelan actos de corrupción. Se trata de una maniobra de censura previa, pura y dura, ejecutada mediante dos presentaciones judiciales que solicitan allanamientos y la prohibición de difusión de los audios, bajo el argumento insólito de un complot internacional con influencias rusas, venezolanas, bolivianas e incluso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En la denuncia penal, de veinte páginas, no se menciona a Diego Spagnuolo, exfuncionario clave en el caso, ni aparecen referencias a las coimas o a los medicamentos para personas con discapacidad que incluirían un «tres por ciento para Karina» Milei. Tampoco se alude a los libertarios que, evidentemente, grabaron las conversaciones, ya que algunos audios se originaron en la Casa Rosada, un lugar inaccesible para kirchneristas, rusos, venezolanos o bolivianos. Además, se omiten otras grabaciones en las que Spagnuolo confiesa su molestia porque «los Menem y Karina se la llevan toda y yo pongo la firma».
El juez civil Alejandro Maraniello accedió rápidamente a una medida cautelar que impide la circulación de los audios, prohibiendo su divulgación. Maraniello, quien enfrenta ocho denuncias –cinco de ellas por acoso y abuso sexual–, parece buscar congraciarse con el poder, ya que también está imputado en el Consejo de la Magistratura y en una causa que tramita la jueza María Servini.
Todo indica que el oficialismo reaccionó con gestos desesperados tras la derrota electoral en Corrientes, donde La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar, y frente a la fuerte caída en las encuestas a días de un comicio clave en la Provincia de Buenos Aires. De hecho, la denuncia presentada este lunes sostiene que la difusión de las confesiones de Spagnuolo busca «influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar, afectando el proceso electoral». La firma de la denuncia corresponde a Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich, pero cuenta con el aval explícito de la Casa Rosada, ya que el propio Javier Milei la respaldó en sus redes sociales.
El contenido de los audios fue tácitamente convalidado por el Gobierno cuando destituyó a Spagnuolo y mantuvo un silencio absoluto durante dos semanas. El Presidente no se pronunció, sus funcionarios evitaron los medios y las caravanas electorales apenas lograron recorrer una o dos cuadras. Incluso el periodista Alejandro Fantino había advertido en vivo a Spagnuolo sobre irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo que demostraba que el desfalco era conocido en ciertos círculos.
Tras catorce días de parálisis, el objetivo principal parece ser apagar el fuego y silenciar la investigación sobre las coimas en Andis. Para ello, el oficialismo transitó dos caminos: una denuncia penal que pide prohibir la divulgación de las grabaciones en todos los niveles, incluyendo medios y plataformas digitales, y una denuncia civil a nombre de Karina Milei, que fue rápidamente aceptada por el juez Maraniello.
Expertos en derecho constitucional cuestionaron severamente estas medidas. Andrés Gil Domínguez afirmó que «la interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión», especialmente cuando se trata de asuntos de interés público que involucran a funcionarios. En la misma línea, el abogado Pedro Camino destacó que «no se puede invocar la intimidad si los audios son de interés público. Las medidas previas son, como regla, inadmisibles».
El primer objetivo de la denuncia de Bullrich es impedir que se siga hablando de las coimas en Discapacidad. El segundo, ocultar la interna libertaria, ya que resulta evidente que los audios fueron grabados por miembros del propio espacio oficialista. Quienes grabaron a Karina Milei en la Casa Rosada o recibieron las confesiones de Spagnuolo forman parte de La Libertad Avanza, y probablemente buscaron influir en una interna despiadada que se les fue de las manos.
En medio de la crisis, el Gobierno también salió a perseguir periodistas. Se solicitó el allanamiento de las viviendas y estudios de Mauro Federico, Jorge Rial y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, bajo el argumento de que forman parte de una «maniobra golpista». La denuncia incluso incluye teorías delirantes sobre la injerencia de rusos, venezolanos, bolivianos, cubanos y nicaragüenses en una supuesta campaña de desinformación, aunque no presenta pruebas concretas que sustenten estas acusaciones.
A pesar de la censura, en la noche del lunes se supo que los audios serán divulgados en Uruguay. El periodista Eduardo Preve, de radio M24, anunció que este martes difundirá más grabaciones del «Audiogate», desafiando abiertamente la prohibición judicial dictada en Argentina.
