Elisa Carrió, junto a otros legisladores, impulsó una acusación formal en el Consejo de la Magistratura contra Alejandro Maraniello. Lo acusan de mal desempeño, censura previa y de mantener relaciones impropias con una empresa investigada por muertes por fentanilo.
El juez federal Alejandro Maraniello, quien generó un intenso debate al ordenar la censura de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, enfrenta ahora una grave denuncia formal que busca su destitución. La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acompañada por la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentó ayer una querella ante el Consejo de la Magistratura solicitando la investigación por mal desempeño y la remoción inmediata del magistrado.
La presentación judicial sostiene que Maraniello incurrió en una violación flagrante de sus deberes al decretar lo que los denunciantes califican como “censura previa” en la causa que involucra a la hermana del presidente Javier Milei. Según los legisladores, esa medida constituye un avasallamiento directo a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información pública, pilares fundamentales de la democracia.
Sin embargo, el núcleo de la acusación trasciende aquella polémica decisión y se adentra en un terreno aún más espinoso: los vínculos del juez con el laboratorio HLB Pharma, actualmente en el centro de una investigación por la muerte de un centenar de personas a causa de fentanilo contaminado. La denuncia detalla que Maraniello es fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una entidad que, según los querellantes, cuenta como auspiciante a dicho laboratorio, cuyo dueño, Ariel García Furfaro, se encuentra detenido.
Esta relación es señalada como “absolutamente incompatible con el ejercicio de la magistratura”. Ayer mismo, trascendió a través de un informe televisivo que el empresario habría financiado viajes a Estados Unidos para el juez y otros magistrados, lo que agregaría un nuevo nivel de gravedad a las imputaciones.
La situación se complejiza aún más al señalarse una posible connivencia con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir procesos disciplinarios ya en trámite contra Maraniello. “La sola sospecha de que un juez busque protección política para sustraerse al escrutinio de sus conductas es inadmisible en un Estado de Derecho”, afirmaron desde la Coalición Cívica.
El escrito judicial también recoge una acumulación de denuncias previas en su contra. El magistrado es investigado en cinco expedientes distintos en el propio Consejo de la Magistratura por presunto abuso moral, sexual y violencia de género, presentadas por personal de su juzgado. La gravedad de estas acusaciones llegó al punto de que, en septiembre del año pasado, se dispuso una custodia policial permanente dentro del tribunal para proteger a los empleados.
Finalmente, la querella incorpora presuntas irregularidades en el otorgamiento de cartas de ciudadanía bajo su gestión. Los denunciantes concluyen que el conjunto de su conducta evidencia un magistrado que ha ignorado deliberadamente el derecho, abusado de su autoridad y menoscabado profundamente la confianza pública en el Poder Judicial. Aunque la presentación se radicó en el Consejo, no descartan llevar el caso al Congreso Nacional.
