Empresarios de alto perfil ofrecerán sumas millonarias para extinguir las causas en su contra, en una audiencia que muchos consideran un intento de desviar el foco de la investigación y concentrar la persecución en el kirchnerismo.
La audiencia convocada para este viernes en los tribunales de Comodoro Py promete consolidar lo que muchos ya denominan como una “justicia para ricos”. Medio centenar de poderosos empresarios, entre los que se cuentan nombres emblemáticos como Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, Enrique Pescarmona y Adolfo Roggio, buscarán comprar su libertad a cambio de importantes desembolsos económicos.
La propuesta consiste en acogerse a una figura legal que permite extinguir la acción penal mediante una “reparación integral del daño”, lo que en la práctica se traduce en el pago de cifras que oscilan entre los 150.000 y más de un millón de dólares, montos equivalentes a los que les fueron embargados en su momento. A cambio, obtendrían el sobreseimiento y evitarían un juicio oral.
Los argumentos esgrimidos por los acusados son variados. Algunos insisten en su inocencia, alegando que los aportes fueron para campañas electorales y no constituyeron coimas. Otros se presentan como víctimas de una extorsión por parte de funcionarios públicos o alegan que actuaron bajo órdenes superiores. El denominador común es el deseo de poner fin a un proceso judicial que, aseguran, se extenderá por una década debido a su complejidad y a la cantidad de imputados.
Sin embargo, la maniobra es vista con profunda preocupación por sectores que denuncian una clara inclinación del tribunal a favor de los empresarios. Se sospecha que el verdadero objetivo es descargar toda la artillería judicial contra expresidentes y exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner, aislándolos como únicos responsables, a pesar de la notable ausencia de pruebas que los vinculen directamente con la recepción de dinero.
La fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF) han anunciado su oposición a este trueque de dinero por impunidad. No obstante, circulan rumores insistentes de que el Tribunal Oral Federal 7, e incluso la Cámara de Casación en última instancia, avalarán los acuerdos. Los jueces a cargo de la audiencia son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, este último recordado por su polémico nombramiento durante la gestión de Macri.
El historial de la causa está plagado de irregularidades. El expediente fue inicialmente armado por el juez Claudio Bonadio, quien fue acusado de incompetencia al apropiarse de la investigación argumentando una conexión inexistente con otro caso. Junto al fiscal Carlos Stornelli, denunciado por extorsionar a imputados para que declararan contra la expresidenta, construyeron una causa basada en fotocopias de unos cuadernos cuyo original, según su autor, Oscar Centeno, fue quemado. La aparición posterior de supuestos originales, sin rastros de fuego, nunca fue explicada satisfactoriamente.
Las pericias caligráficas revelaron más de 1.400 alteraciones, tachaduras y enmiendas, sugiriendo que los pasajes clave que mencionan entregas de dinero fueron dictados y escritos por otra persona. A esto se suma que la acusación central contra Cristina Kirchner –que habría recibido dinero en un edificio de la calle Uruguay– se desmorona con el testimonio del encargado del lugar, quien afirmó que la expresidenta nunca estuvo allí en el período investigado. La única persona vinculada al lugar era su exsecretario, Daniel Muñoz, fallecido en 2016, a quien sí se le encontraron cuentas offshore y propiedades en el exterior.
Mientras la mayoría de los exfuncionarios se plantan firme y se niegan a admitir los cargos, la audiencia de este viernes, que se realizará de manera remota por la cantidad de imputados, se perfila como un capítulo crucial que podría sellar el destino de la causa. La batalla judicial no solo busca determinar responsabilidades, sino también invalidar toda la instrucción realizada por Bonadio y Stornelli, así como la validez de las pruebas y de los declarantes “arrepentidos”, algunos de los cuales ya habrían acudido a escribanías para retractarse de sus testimonios.
En un escenario de alianzas judiciales, políticas y mediáticas, el desenlace de la Causa Cuadernos pondrá a prueba la independencia de la Justicia y demostrará si el poder económico puede, una vez más, torcer el brazo de la ley.
