La designación de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior marca un intento por recomponer la relación con los gobernadores. Sin embargo, la desconfianza por los fondos incumplidos y la competencia electoral frenan cualquier negociación concreta hasta después de octubre.
En un contexto político marcado por el revés electoral en la provincia de Buenos Aires, la administración nacional ha iniciado una ofensiva para restablecer los puentes con los mandatarios provinciales. La estrategia central consiste en la promoción de Lisandro Catalán, un abogado tucumano con amplio recorrido en el ámbito del interior, al cargo de ministro del Interior. Su designación se interpreta como una señal dirigida a los gobernadores que, durante año y medio, funcionaron como un escudo legislativo para el Ejecutivo, pero cuyo distanciamiento se tradujo en recientes y resonantes derrotas parlamentarias.
Catalán, un interlocutor habitual para los jefes provinciales desde que asumiera primero como secretario y luego como vicejefe de Gabinete, estrenó su nueva función con encuentros presenciales con cinco gobernadores y comunicaciones telefónicas con el resto. No obstante, la mayoría de los mandatarios prefiere aguardar hasta después de los comicios legislativos de octubre para entablar cualquier tratativa sustancial que supere el mero gesto protocolario.
Dos elementos clave explican esta cautela: la competencia electoral directa que La Libertad Avanza (LLA) plantea en sus territorios, y el histórico incumplimiento de las promesas de financiamiento y obras realizadas en el pasado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por el propio Catalán.
En su primera semana al mando de la cartera, el nuevo ministro logró articular un encuentro en la Casa Rosada con tres aliados electorales del espacio libertario: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). La cita contó con la significativa presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, un guiño del Gobierno para sugerir que la discusión por los recursos podría reabrirse para quienes se acerquen.
Sin embargo, este espíritu de acercamiento se vio casi inmediatamente opacado por la confirmación del veto presidencial a dos leyes de alta sensibilidad para las provincias: la de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la de financiamiento de las universidades públicas. Este golpe se vio potenciado por la Decisión Administrativa 23/2025, que la semana pasada recortó $17.477 millones en transferencias corrientes destinadas a las jurisdcciones provinciales.
Más allá de la fotografía con los tres gobernadores alineados, Catalán mantuvo una conversación con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y otra con Gustavo Sáenz (Salta). Este último expuso con crudeza la decepción que embarga a los mandatarios aliados, calificando a los libertarios como “palomas de iglesia” porque “cagan a los fieles”, y reiterando sus reclamos por obras y convenios firmados que nunca se ejecutaron.
La desconfianza se ha ido incubando desde hace meses. A principios de julio, cuando se desmoronó un aparente acuerdo electoral entre los libertarios y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quedó en evidencia que la estrategia oficialista sería competir contra todos, incluso contra sus propios aliados legislativos. Este movimiento erosionó particularmente el vínculo con Tucumán, Catamarca, Salta y Misiones.
Frente a este cuadro de descreimiento general, el sanjuanino Marcelo Orrego se postuló públicamente para ser convocado, enfatizando la “importancia” de “consolidar un modelo de país” que fomente la producción y el empleo. Por su parte, los gobernadores kirchneristas mantienen una distancia inquebrantable, sin que se registre gesto alguno de acercamiento hacia Axel Kicillof tras su triunfo en Buenos Aires.
El bloque de Provincias Unidas, integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Valdés, subrayó que no acudirá a la Rosada para una “foto electoral”, evidenciando un profundo cansancio ante promesas incumplidas.
La mira de todas las provincias ahora está puesta en el proyecto de presupuesto 2026, que el presidente Javier Milei presentará este lunes. Aunque su tratamiento legal debería concluir el 30 de noviembre, se especula que el oficialismo intentará que sea debatido por el nuevo Congreso, confiado en obtener allí una mayor fuerza. Desde el Gobierno se ha deslizado que la iniciativa incluiría la distribución de los ATN y cambios en el impuesto a los combustibles, un último intento por conseguir el acompañamiento de unos gobernadores que, por ahora, prefieren esperar con escepticismo.
