Una investigación del Congreso sospecha que el Gobierno nacional utiliza créditos de organismos multilaterales, destinados a programas sociales y de infraestructura, para financiar la reservas del Banco Central y sostener el tipo de cambio, mientras áreas sensibles como la ciencia y la discapacidad claman por los recursos.
En medio de la tensión política que siguió a la contundente derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro protocolar en la Casa Rosada con Ilan Goldfajn, máximo responsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La reunión, de la que también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contrasta con la creciente inquietud que despierta en el Congreso el destino final de los cuantiosos préstamos que este y otros organismos internacionales han otorgado a la Argentina.
Desde la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, que conducen el diputado Miguel Pichetto y el senador Mariano Recalde, se intentó sin éxito citar a Goldfajn para indagar en la letra chica de esos desembolsos. La preocupación central, explicitada en la última sesión, radica en que una porción significativa de esos fondos —que suman cientos de millones de dólares— fueron pactados para financiar obra pública y programas de inclusión, pero registran niveles de ejecución nulos o ínfimos. Esta situación alimenta la hipótesis de que el Ejecutivo nacional estaría desviando esos recursos hacia las arcas del Tesoro con el único fin de contener la volatilidad del mercado cambiario.
El Gobierno admitió haber gastado apenas 277 mil millones de pesos (equivalente a unos 250 millones de dólares) de todo lo ingresado mediante los distintos créditos de inversión del BID y otras entidades. Existen alrededor de 140 programas de desarrollo vigentes, destinados a iniciativas que van desde el Progresar hasta la extensión de redes de agua potable. Sin embargo, la materialización de estas obras es casi inexistente. A igual período, las dos administraciones anteriores ya habían ejecutado un promedio superior a los 1.500 millones de dólares, lo que deja al actual management en un preocupante 20% de lo esperable. Este estancamiento ocurre en paralelo a la confirmación de que el Tesoro utilizó 500 millones de dólares para intervenir en el mercado de divisas en las semanas previas al comicio bonaerense.
Pese a este panorama, el BID continúa apostando por el Gobierno. El reciente encuentro sirvió para destrabar nuevas líneas de crédito para las provincias, una jugada que el oficialismo intenta capitalizar políticamente en un contexto de debacle. Este movimiento representaría un nuevo desvío en el espíritu de los programas de financiamiento, ya que la deuda sería contraída por los estados provinciales y no por la Nación. Fuentes de la comisión bicameral calificaron el rol del BID como «irresponsable» y advirtieron que, «más temprano que tarde, todo esto va a terminar judicializado».
El Silencio sobre el Dinero para la Ciencia
Mientras los recursos no se ejecutan, para las áreas que dependen críticamente de esta financiación, el mensaje oficial es un único y constante «no hay plata». Un caso emblemático es el de los 53 millones de dólares reclamados por la Agencia I+D+i del CONICET. A raíz de una investigación periodística, más de dos mil científicos denunciaron ante el propio BID el manejo irregular de esos fondos. La falta de respuestas los llevó a presentar un amparo judicial, que fue admitido por el juez Alejo Ramos Padilla, quien dio al Estado un plazo de 15 días para informar. El Gobierno, sin embargo, ha presentado recursos para dilatar la respuesta y mantiene un hermético silencio.
Según declaraciones del propio jefe de Gabinete, la administración recibió 46 millones de dólares e incluso podría acceder a otros 196 millones ya asignados para la ciencia. No obstante, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología señaló que hace casi dos años que no se financian nuevos proyectos y que las becas tienen sus montos congelados desde hace 15 meses. La doctora en Ciencias Biológicas Soledad Leonardi relató que el Estado le adeuda casi un millón de pesos por gastos de un proyecto que quedó trunco. «Rendí los gastos y nunca me devolvieron la plata. Es delirante: el proyecto ya finalizó y debemos mandar un informe final sin haber recibido ni siquiera la mitad de los fondos», afirmó.
La Sombra de la Corrupción en Discapacidad
La incertidumbre también alcanza a las organizaciones de personas con discapacidad. Sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya cuestionada por presuntos actos de corrupción, ahora pesan dudas sobre el destino de dos créditos internacionales por un total de 565 millones de dólares, provenientes de la CAF y el BID, firmados en 2023 para pagar pensiones y financiar políticas de inclusión.
El préstamo del BID, de 265 millones, fue desembolsado en su totalidad, pero hasta abril sólo se había utilizado el 68.22%, dejando más de 84 millones de dólares sin tocar en las arcas del Tesoro. Lo llamativo es que, en un período de seis meses, se gastaron casi 90 millones según los reportes oficiales, sin que ni las organizaciones ni los propios trabajadores de la ANDIS sepan a dónde fue a parar ese dinero. Se sabe que parte fue utilizado para una consultoría contratada directamente por el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, a una empresa israelí.
Obras Paralizadas y Ciudades Desprotegidas
La falta de ejecución también tiene un costo en infraestructura crítica. Uno de los préstamos que el Gobierno de Milei podría haber usado para auxiliar a Bahía Blanca tras la devastadora inundación de marzo es el Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima, por 200 millones de dólares, aprobado por el Banco Mundial durante la gestión de Alberto Fernández. El exministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis confirmó que el crédito nunca se ejecutó y que ahora está en riesgo de perderse, pagando intereses por un dinero que no se usó para prevenir tragedias.
La situación se repite en las provincias, a las que la Nación no autoriza a gestionar sus propios financiamientos externos. El actual ministro de Obra Pública bonaerense señaló que presentaron numerosas solicitudes que, al carecer del aval nacional, fueron rechazadas por el Banco Mundial y el BID. «Eso también es grave», remarcó, ilustrando una estrategia que paraliza los recursos asignados.
