Tras la insistencia del Congreso, el Ejecutivo oficializó la norma pero paralizó su aplicación inmediata por falta de partidas presupuestarias, generando críticas y una denuncia penal contra altos funcionarios.
El Gobierno de Javier Milei se vio obligado a promulgar la Ley 27.793, que establece una Emergencia Nacional en materia de Discapacidad con vigencia hasta finales de 2026, luego de que el Congreso, con un amplio respaldo en ambas cámaras, rechazara el veto presidencial. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 681/2025. Sin embargo, en un movimiento que desató controversia, la aplicación efectiva de la ley quedó suspendida de manera inmediata, supeditada a la futura definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes dentro del Presupuesto Nacional.
Esta promulgación se realizó en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional, que obliga al Poder Ejecutivo a promulgar una ley cuando el Legislativo insiste con ella por mayoría especial. No obstante, el decreto firmado por Milei invoca disposiciones de la legislación administrativa y financiera, específicamente los artículos de leyes que exigen que toda norma con impacto fiscal debe contar con la asignación de créditos presupuestarios y la identificación de recursos específicos para su financiamiento.
La ley en cuestión contiene una serie de disposiciones fundamentales que, por el momento, no pueden ejecutarse. Entre sus puntos centrales se destaca la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, cuyo monto equivaldría al setenta por ciento del haber mínimo y sería compatible con un empleo registrado. Asimismo, garantiza la cobertura médica integral a través del Programa Incluir Salud y de las prestaciones establecidas por la ley de servicios para personas con discapacidad. La normativa también prevé una compensación de emergencia para los prestadores de servicios, destinada a saldar la brecha generada por la inflación en los aranceles, y establece un incentivo para los empleadores que contraten a personas con discapacidad, consistente en una exención del cincuenta por ciento de las contribuciones patronales por un plazo de tres años. Finalmente, la ley impulsa el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo auditorías con participación de personas con discapacidad y metas de transparencia.
La justificación del oficialismo para no poner en marcha la ley se centra en un argumento presupuestario. En los considerandos del decreto, el Gobierno sostuvo que el presupuesto vigente de la Administración Nacional «no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación». Señaló que, incluso si se destinaran la totalidad de los recursos disponibles en los presupuestos de los tres poderes del Estado, estos resultarían «igualmente insuficientes para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas». Según los cálculos oficiales, el crédito presupuestario disponible, sin afectar otras partidas de servicios sociales, asciende a una cifra que no logra cubrir el costo total estimado de la reforma. «Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional», fundamentaron.
Esta decisión generó una contundente reacción política. Los diputados nacionales de Encuentro Federal, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido ratificada por el Congreso. En la denuncia, que también incluye a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter Rubén González, se imputa a los funcionarios la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La situación deja así a la ley formalmente vigente, pero sin efecto concreto, en medio de un tenso forcejeo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
