A tan solo un día de una medida desesperada por dólares, las cerealeras liquidaron masivamente. La abrupta vuelta de los derechos de exportación, ordenada desde Washington, revela la profunda injerencia en la política local y evidencia un guion repetido.
En un giro que expone la crudeza de la dependencia financiera, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás en cuestión de horas con su propia medida económica. La eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones, un intento de obtener divisas frescas de manera urgente, culminó abruptamente tras una liquidación récord de siete mil millones de dólares por parte de las grandes cerealeras. La inmediata reimplantación del tributo no respondió a una decisión soberana, sino a una directiva explícita desde los Estados Unidos.
La voz de la administración Trump se hizo oír con claridad a través de un comunicado de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien reveló que se trabaja con Argentina para «poner fin a las exenciones fiscales» para el sector de materias primas. La declaración dejó al descubierto el grado de injerencia en la política económica doméstica, confirmando que la orden llegó tras la reciente cumbre en la que el presidente Milei mostró una actitud de abierta subordinación hacia su par norteamericano.
Este episodio de presión externa fue celebrado por el oficialismo como un éxito, enmarcado en la firma de un acuerdo financiero por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, lejos de representar un salvataje para el desarrollo nacional, este nuevo endeudamiento parece tener como único objetivo apaciguar la volatilidad financiera y garantizar el pago de compromisos cada vez más abultados. La pregunta sobre la capacidad de un país en crisis para afrontar más deuda, con una conducción económica basada en la especulación, queda flotando en el aire, con la entrega de soberanía como única respuesta visible.
Las declaraciones de Bessent actuaron como un empujón transitorio para el gobierno, logrando el objetivo inmediato de acelerar la liquidación de divisas. Las grandes empresas cerealeras, únicas con capacidad de retener cosechas a la espera de mejores condiciones, descargaron en un solo día un volumen cuatro veces superior al promedio histórico para octubre. Este manotazo de dólares, impulsado por el temor a la vuelta del impuesto después de las elecciones, ilumina la estrategia desesperada de Economía para llegar a los comicios de octubre en una situación menos complicada.
La reimplantación de las retenciones tiene implicancias estratégicas para Washington. Por un lado, protege a sus productores locales y, por otro, se asegura de que Argentina genere las divisas necesarias para honrar sus deudas. Expertos señalan que en el marco de la pulseada comercial con China, la medida argentina de liberar temporalmente las exportaciones complicaba a Estados Unidos, al facilitar al gigante asiático el acceso a la soja. La orden de Trump, en este sentido, fue una movida geopolítica directa.
A nivel local, el regreso de los derechos de exportación podría frenar la escalada de precios de los alimentos y contener costos en dólares para el propio sector productivo. La eliminación fugaz del gravamen demostró tener un impacto inflacionario inmediato en toda la cadena, excepto en los salarios, que permanecen rezagados. La noticia, como era previsible, generó malestar en las entidades del campo que anhelaban la eliminación definitiva del tributo.
Este episodio encuentra un perturbador espejo en el pasado reciente. Durante la administración de Mauricio Macri, y con el actual ministro de Economía, Luis Caputo, entonces a cargo de Finanzas, el Fondo Monetario Internacional presionó para que se detuviera el plan de reducción de retenciones. Macri, tras negarse inicialmente, terminó acatando la orden con el mismo objetivo: detener la fuga de dólares y obtener ingresos para pagar deuda. La semejanza con la situación actual no es una mera coincidencia; es la repetición de un guion donde los intereses extranjeros y la sumisión económica marcan el ritmo de la política argentina.
