La eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones, gestionada por el ministro Caputo, se transformó en un lucrativo negocio para un puñado de grandes empresas. Bajo presión de EE.UU., el cupo de liquidación se agotó velozmente, dejando fuera a los pequeños productores y con un costo fiscal de 1.500 millones de dólares para el Estado.
Una medida económica del gobierno nacional, inicialmente presentada como un alivio para el sector agroexportador, derivó en un beneficio extraordinario y concentrado para las principales cerealeras del país. La suspensión de los derechos de exportación, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, permitió que un grupo de once grandes empresas se embolsara ganancias equivalentes a 1.500 millones de dólares, fondos que dejaron de ingresar a las arcas públicas.
El operativo se desarrolló a gran velocidad. Tras la gestión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el cupo de 7.000 millones de dólares establecido para la liquidación de divisas sin retenciones se completó de manera exprés. Esta celeridad impidió que la mayoría de los productores agropecuarios, en especial los más pequeños, pudieran acceder al beneficio. La evidencia del resultado desigual fue tan palpable que, este jueves, el Gobierno anunció la reimplementación de las retenciones para varios sectores, manteniendo la excepción sólo para la carne bovina y avícola hasta fin de octubre.
La Agencia de Control Recaudador y Aduanero (ARCA) confirmó el restablecimiento de los gravámenes, una vez alcanzado el tope fijado. De esta forma, la administración de Javier Milei accedió al reclamo formulado desde Washington. La raíz de esta presión internacional se encuentra en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gigante asiático, en respuesta a los aranceles estadounidenses, dejó de comprar soja norteamericana. Ante la ventana de oportunidad que abrió Argentina al eliminar temporalmente sus impuestos a la exportación, compradores chinos reservaron de inmediato más de veinte cargamentos de soja argentina, lo que supera el millón de toneladas.
El informe de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior revela que casi el ochenta por ciento de las divisas liquidadas bajo este esquema correspondió a porotos de soja y sus subproductos. Las compañías que capitalizaron esta medida fueron Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM. Al controlar la mayor parte del flujo exportable, la eliminación de retenciones funcionó primordialmente como un incentivo a la prefinanciación de estas corporaciones, más que como un auténtico alivio para el amplio universo de productores.
El costo fiscal de esta operatoria fue cuantioso. El Estado dejó de recaudar 1.513 millones de dólares, un monto que representa el 0,23% del Producto Bruto Interno. Analistas señalan que, de haberse establecido mecanismos de control como la acreditación de la tenencia efectiva de los granos, el ritmo de liquidación hubiera sido más pausado y los beneficios se hubieran distribuido de manera más amplia, permitiendo la participación de los agricultores.
La exigencia estadounidense para que Argentina reinstaurara las retenciones no fue casual. Responde a la presión de los propios agricultores de ese país, agrupados en la American Soybean Association. Desde la entidad manifestaron su «frustración abrumadora» al ver cómo Argentina, con el apoyo financiero de Washington, aprovechaba para capturar el mercado chino que ellos habían perdido debido a la guerra de aranceles. Mientras los precios de la soja estadounidense caen, la noticia de que la Argentina colocaba volúmenes masivos en China en apenas dos días generó malestar. En un contexto de delicadas negociaciones por el paquete de ayuda financiera, el gobierno libertario argentino optó por alinearse con los intereses de la administración Trump, cerrando filas para no entorpecer el salvataje económico.
