La euforia inicial por el salvataje financiero estadounidense se disipa, dejando al descubierto la profunda recesión y la fragilidad política del Gobierno. Mientras la UIA calla por orden de sus principales referentes, la embajada norteamericana intenta desvincularse de declaraciones incómodas. El cepo cambiario reaparece como síntoma de un plan en crisis.
La marea inicial de gestos favorables desde Estados Unidos para auxiliar al gobierno de Javier Milei retrocedió con la misma velocidad con la que llegó, dejando a la vista los temas más espinosos de la realidad nacional. La sorpresiva reinstauración del control cambiario el viernes último no hizo más que certificar las vulnerabilidades del programa económico y encendió las alarmas dentro del sector privado. En los principales despachos ejecutivos circulan con preocupación dos cuestiones centrales: el avance implacable de la recesión y, vinculado a ello, las posibilidades electorales concretas que el oficialismo podría alcanzar en los comicios de octubre. La percepción mayoritaria dentro del establishment, construida a partir de sondeos de opinión y contactos con diversos sectores productivos del interior del país, configura un horizonte poco alentador para los libertarios.
Dos situaciones concretas de esta semana ilustran el fondo del problema. Tanto la Unión Industrial Argentina (UIA) como la Embajada de los Estados Unidos delinearon un escenario complejo y optaron por moderar sus pronunciamientos públicos en materia política, especialmente después de que el titular del Tesoro en la era Trump, Scott Bessent, desembarcara en el frágil bote de la economía argentina.
El presidente de la central industrial, Martín Rappallini, representa un soldado leal de Techint. Propietario de Cerámica Alberdi, forma parte de la cadena de valor de Paolo Rocca y responde a su línea. Las declaraciones de Rappallini al mando de la UIA reflejan lo que los lugartenientes de Rocca pueden expresar, aunque a través de otros canales. El pasado martes, durante una reunión reducida de la entidad, Rappallini describió un panorama económico devastador. Cuestionó casi por completo la posibilidad de que la Argentina retome una senda de crecimiento, especialmente para la industria, que según la entidad se encuentra diez puntos por debajo de los niveles del año pasado. En un giro discursivo por lo menos llamativo, la UIA, también por decisión de Rocca y las grandes corporaciones, transitó de aplaudir el ajuste a exigir que este venga acompañado de expansión, bajo el riesgo de que la embarcación económica naufrague definitivamente.
Rocca, una figura hermética que solo se expresa en contadas ocasiones a lo largo del año, elige con precisión sus momentos. Critica a China, elogia de forma selectiva el libre mercado y, en raras oportunidades, emite algún comentario de índole política. Esto sucedió el martes: Rappallini transmitió a sus pares –entre los que se encontraban representantes de Arcor, Ledesma, los laboratorios agrupados en CILFA, y las cámaras textil y automotriz– la necesidad de “mantenerse al margen de cualquier opinión política, al menos hasta el mes de noviembre”. Muchos de los presentes sentían una urgencia por manifestar su descontento. El sector industrial se encuentra exasperado, no por exceso de actividad. Rocca actúa como el moderador de los ánimos y David Uriburu, su hombre de confianza dentro de la UIA, es quien define la estrategia. Para ese noviembre, una vez pasadas las elecciones legislativas, está planeada una conferencia industrial donde se prevé exponer posturas más firmes. Allí, Techint ya ha dado la orden de marcar una posición. Primero, porque los números que observan son insostenibles; segundo, porque su análisis anticipa que el Gobierno llegará muy justo a la cita electoral de octubre.
Crónica de un Deterioro Anunciado
En Santa Fe, uno de los polos industriales principales junto con Córdoba y Buenos Aires, han desaparecido diecinueve mil empresas desde 2023. Las localidades de Villa Constitución y San Nicolás sufren con una tasa de desempleo que roza el 9,8 por ciento. Empresas como Vassalli, fabricante de cosechadoras en Firmat; Acindar y Sancor padecen la crisis. Un escenario similar fue reportado en Entre Ríos por los enviados de Rappallini que se reunieron con el gobernador Rogelio Frigerio. En Córdoba, fuentes de Arcor informaron un caos productivo equivalente. Estas tres provincias son claves en la contienda electoral. Los industriales anticipan que el gobierno de Milei sufrirá derrotas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que se impondrá con holgura en Mendoza y, quizás, en Chaco. Creen, además, que los comicios en la Ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos serán ajustados. Aún lejos de las urnas, se vislumbra una fotografía muy distante del anhelado mapa violeta.
El daño en el sector fabril ha superado un umbral crítico para consolidarse como el eje de la crisis en los distritos productivos, un fenómeno idéntico al registrado en los municipios más industriales del Conurbano bonaerense. Un dato resulta letal para un rubro emblemático: según ADIMRA, el sueldo promedio en la industria metalúrgica es de apenas novecientos mil pesos. Cualquier comentario adicional se vuelve decorativo.
“Ni Obama te salva de esto”, bromeó un industrial durante la reunión del martes, cuando se trató, de manera superficial, el rescate impulsado por Trump. Ese clima de expectativa inicial ha mutado. Algunos con memoria trajeron a colación el entusiasmo que, en 2018, llevaron a la UIA Luis Betnaza, antiguo operador clave de Rocca, y otro veterano del liberalismo, el ex Fiat Cristiano Rattazzi. Ambos celebraron entonces el préstamo del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri como un hito. Hoy, nadie se atreve a calificar el auxilio de Trump como un hecho vital y muchos se preguntan cuál será el precio a pagar a cambio.
Las Dificultades con el Aliado del Norte
La actitud de la UIA, relativizando el impacto de Trump, es elocuente. El avance estadounidense sobre la Argentina es calificado como una intromisión inadmisible no solo localmente, sino también entre políticos y empresarios de ese país, algo que quedó en evidencia con el reciente conflicto por la soja. En sintonía, la Embajada estadounidense en Argentina actúa con extrema cautela. Según pudo conocerse, existiría un acuerdo preliminar para que el nuevo embajador, Peter Lamelas, arribé a Buenos Aires recién después de octubre, con los resultados electorales ya definidos. En esta decisión también intervino el canciller argentino, Gerardo Werthein. Se diagnostica en esos círculos que la oposición argentina no percibe la ayuda norteamericana como un hecho positivo y que la sociedad muestra recelo. Por ello, resultaron tan contraproducentes las horas en las que recobró vigencia un video de Lamelas asegurando que desea a Cristina Fernández de Kirchner judicializada, a las provincias intervenidas por Estados Unidos y al gobierno rendido a los pies del Tío Sam.
La toma de posesión simbólica de Bessent sobre Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue tan desprolija que situó a la Argentina, por un momento, en medio de una guerra comercial global. Los agricultores norteamericanos presionaron a Bessent, quien a su vez ejerció presión sobre Caputo. Los corredores de granos y las cerealeras advirtieron al ministro que esta situación generaría tensiones en múltiples frentes. Además, el enojo de los farmers y la premura de Bessent no solo aceleraron el ingreso de divisas por parte de las exportadoras, sino que fueron la causa directa de la reimposición del cepo cambiario, por el temor a que los pesos en circulación alimentaran la dinámica especulativa del “rulo” financiero.
Mientras tanto, Juan José Pazo, titular de ARCA, la ex AFIP, admitió públicamente haber sido criticado en grupos de WhatsApp con representantes del sector rural. Funcionario en ascenso, fue uno de los encargados de las negociaciones. No es una casualidad: Pazo conoce el sector porque es empresario agropecuario. En 2017, cuando Macri designó a Caputo como secretario de Finanzas, “Toto” colocó a su amigo Pazo al frente de la Secretaría de Seguros. Se conocían de años y de la actividad privada: Pazo fundó junto a su esposa la textil Rapsodia y se asoció con Francisco De Narváez en el Grupo Textil Alas, que maneja las marcas Caro Cuore, entre otras.
Durante la gestión del PRO, Pazo también fue secretario de la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo las órdenes de Mariano Federici. Cuando concluyó ese ciclo, en junio de 2020, el destino volvió a reunirlos. Caputo y el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, crearon el Fondo Invernea, a través del cual gestionaron desde su consultora Anker inversiones en el agro y la ganadería. De allí surgieron, también, sus colaboradores actuales, Martín Vauthier y Federico Furiase. Invernea cuenta entre sus socios a Pazo, a los hijos de Caputo, a Federici e incluso a Sergio Iraeta, actual secretario de Agricultura de Milei. El fondeo de Invernea fue realizado, no casualmente, por las aseguradoras que el propio Pazo debió controlar durante el gobierno de Macri. Hoy, Invernea es dirigida por Martín Voss, hermano del actual director del banco BICE, Maximiliano Voss. En el BICE trabajan, actualmente, Vauthier y Federico Núñez, dos amigos de Caputo y Pazo. Martín Voss, quien también trabajó con Pazo en la Subsecretaría de Seguros, posee el 10 por ciento de Invernea, mientras que el 90 por ciento restante pertenece a Pazo. Coincidencias que delinean un entramado de intereses donde las fronteras entre lo público y lo privado parecen difuminarse.
