En una jornada de fuertes tensiones políticas, el Senado convirtió en ley, por amplia mayoría, la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, desafiando la decisión del Poder Ejecutivo. Además, presionó al jefe de Gabinete para que active la Emergencia en Discapacidad.
El Congreso Nacional volvió a erigirse como un dique de contención frente a la ofensiva del presidente Javier Milei, al imponerle dos nuevas derrotas legislativas. Con el respaldo de una abrumadora mayoría, la Cámara alta sancionó definitivamente las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que habían sido vetadas por el Gobierno. Esta decisión marca un nuevo y contundente rechazo del Parlamento a la política de recortes del Ejecutivo.
La ley que declara la emergencia en salud pediátrica y consolida al Hospital Garrahan como referente nacional de alta complejidad fue avalada con 59 votos afirmativos. En paralelo, la norma que garantiza fondos para el sistema universitario público obtuvo 58 adhesiones. Ambos proyectos, previamente respaldados por Diputados, quedaron así fuera del alcance de un nuevo veto presidencial.
El proyecto de financiamiento para las casas de altos estudios establece una actualización de las partidas de funcionamiento a partir de enero de 2025, indexada según la inflación, junto con la mejora de becas para investigadores y la convocatoria a una paritaria nacional docente.
Críticas y defensa en el debate
El recinto del Senado fue escenario de encendidos discursos. La senadora Lucía Corpacci, del interbloque Unión por la Patria, cargó con dureza contra el Presidente: “A los trabajadores del Garrahan los han tratado de ladrones, de ñoquis. Todos conocemos la importancia de ese hospital, menos el Presidente y su equipo”.
Desde la misma bancada, la senadora Silvia Sapag afirmó con contundencia: “Milei no va a poder vetar la educación universitaria pública y no la va a poder arancelar”. Su compañero, Eduardo “Wado” De Pedro, destacó que la ley asignará 7,3 billones de pesos, una cifra muy superior a los 4,9 billones prometidos por el Gobierno para 2026.
En tanto, el radical Pablo Blanco hizo hincapié en la necesidad de empatía: “El presidente debe comprender que existen urgencias sociales. La obligación del Gobierno, si bien defendemos el equilibrio fiscal, es garantizar también el equilibrio social”. Su par, Víctor Zimmerman, resumió: “Este financiamiento es imprescindible para que los jóvenes con menos recursos tengan las mismas oportunidades”.
Una de las pocas voces que se alzaron en defensa de los vetos fue la de la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, quien cuestionó el foco exclusivo en la universidad: “Un joven que no finaliza el secundario tiene más de un 70% de probabilidades de caer en la informalidad. Hoy no estamos discutiendo lo esencial”.
Presión por la Emergencia en Discapacidad
En otro frente de conflicto, el Senado habilitó el tratamiento de un proyecto de resolución para exigir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que reasigne partidas y ponga en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada previamente por el Congreso. El Gobierno había argumentado que no la aplicaría por no especificarse el origen de los fondos.
El autor de la iniciativa, Martín Lousteau, fue terminante: “El jefe de Gabinete tiene que ejecutar las leyes de este Congreso, no puede elegir cuáles aplicar”. Y advirtió: “Si persiste en esta actitud, se avanzará con una moción de censura”.
El reclamo por la política nuclear
Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria no consiguió los votos necesarios para tratar sobre tablas un proyecto para declarar de interés público y no enajenable el desarrollo nuclear argentino. La iniciativa, que buscaba bloquear la posible privatización de Nucleoeléctrica, obtuvo 40 votos a favor, insuficientes para alcanzar los dos tercios requeridos.
El jefe de la bancada oficialista, José Mayans, denunció la intención del Gobierno de privatizar la empresa, a la que calificó como “la más importante del pueblo argentino” y tildó la operación de “estafa gigante”.
