El gobernador Axel Kicillof encabezó la segunda audiencia convocada por el máximo tribunal por el conflicto de los fondos previsionales. La provincia reclama más de 2,2 billones de pesos por la caja de jubilados propia, mientras que el Ejecutivo nacional se comprometió a presentar una propuesta numérica detallada en la próxima reunión del 10 de junio.
En el marco de una creciente tensión fiscal entre la administración central y la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense tomó parte este martes de una nueva jornada de diálogo institucional convocada por la Corte Suprema de Justicia. Se trató de la segunda audiencia habilitada por el alto tribunal a raíz del drástico recorte en los giros de fondos dispuesto por el presidente Javier Milei, una medida que afecta directamente a la caja previsional de los jubilados bonaerenses. Según los cálculos oficiales provenientes de La Plata, el monto adeudado supera los dos billones de pesos.
El mandatario provincial, Axel Kicillof, lideró personalmente la comitiva que participó de la instancia judicial. Al término del encuentro, y en declaraciones recogidas por este medio, Kicillof confirmó que el próximo 10 de junio, durante una tercera audiencia fijada en el calendario procesal, el Gobierno Nacional se comprometió a desglosar de manera explícita y concreta los montos que estaría dispuesto a transferir. Este anunció representa un giro significativo en una disputa que hasta ahora había estado signada por la falta de respuestas numéricas por parte del poder central.
El gobernador fue enfático al describir el núcleo del diferendo: la discusión gira en torno a los recursos que la Nación debe destinar a la Caja de Jubilados bonaerense, un organismo que opera bajo la órbita del Instituto de Previsión Social (IPS). “Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia”, remarcó Kicillof, y subrayó un dato que, a su juicio, evidencia una inequidad en el trato federal: diez de las trece provincias argentinas que poseen sistemas previsionales propios ya recibieron transferencias nacionales. “Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, agregó el mandatario, en alusión a la decisión de llevar el reclamo a la máxima instancia judicial.
El reclamo bonaerense no es menor en términos fiscales. Según la presentación formal ante la Corte Suprema, la deuda acumulada se compone de varios ítems que fueron detallados minuciosamente. Allí se mencionan los anticipos recibidos y adeudados por la Nación, la actualización de los anticipos correspondientes al ejercicio 2023, los fondos del anticipo 2024 más su correspondiente ajuste tomando como base el año 2020, y finalmente la diferencia existente entre el déficit del Estado Nacional y los anticipos sin actualizar de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Este último concepto arrojaba, en febrero de 2024, una suma exacta de 681.024.286.169,70 pesos. Sin embargo, el paso del tiempo y la dinámica inflacionaria hicieron que el total del pasivo se disparara hasta alcanzar, en la actualidad, la escalofriante cifra de 2,2 billones de pesos.
El desenlace de esta disputa se perfila como una prueba crucial para las relaciones fiscales entre Nación y provincias, así como para la sostenibilidad del sistema previsional bonaerense. Con la promesa de una propuesta concreta sobre la mesa para la primera quincena de junio, todas las miradas quedaron puestas en la Corte Suprema, que deberá evaluar si el ofrecimiento del Ejecutivo nacional resulta suficiente para saldar una deuda que los jubilados de la provincia de Buenos Aires esperan desde hace años.
