En un acto cargado de simbolismo realizado en la cárcel de Ezeiza, el oficialismo presentó su proyecto para modificar el Código Penal. La iniciativa, que busca imponer penas más severas y ampliar los delitos, tuvo como telón de fondo una evidente tensión política con uno de sus aliados.
El Poder Ejecutivo impulsa una profunda transformación del sistema penal argentino
En un escenario tan simbólico como la penitenciaría de Ezeiza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó los lineamientos de la ambiciosa reforma al Código Penal, bautizada como “plan de tolerancia cero”. La ceremonia contó con la presencia protocolar del presidente Javier Milei, quien respaldó la iniciativa con un discurso enfático. Sin embargo, entre los asistentes, la figura del legislador José Luis Espert se diluyó en la tribuna, relegado a un papel meramente decorativo y ausente en la transmisión oficial, un gesto que no pasó desapercibido en el marco de las recientes desavenencias públicas.
La propuesta legislativa, presentada como una actualización indispensable de una norma obsoleta, se articula sobre tres pilares fundamentales: la reducción de la edad de imputabilidad, la agilización de los procesos judiciales y un significativo endurecimiento de las condenas. Bullrich enfatizó que el proyecto no solo moderniza el texto legal, sino que también incorpora nuevas figuras delictivas y agrava las penas para crímenes ya existentes. Homicidios, actividades de barras bravas y delitos cometidos por organizaciones mafiosas serán castigados con mayor rigor.
Entre las modificaciones más destacadas, se establece la no excarcelabilidad para quienes porten armas de fuego o blancas. Asimismo, se refuerza el amparo legal para los integrantes de las fuerzas de seguridad, garantizando que “no sean tratados como victimarios cuando cumplen con su deber”. El hurto, el robo, las entraderas, las estafas piramidales y los casos de las llamadas “viudas negras” recibirán sanciones incrementadas, con penas que, para el hurto, alcanzarían los tres años de prisión. La usurpación de propiedades también ingresa al listado de delitos que el Estado pretende perseguir con máxima severidad.
En un apartado especialmente dirigido a la esfera pública, la ministra fue contundente: “el que roba, va en cana”, una frase que resonó como un lema de campaña y un mensaje claro de intenciones.
La sombra de la discordia en el acto oficial
La forzada unidad del espacio oficialista quedó al descubierto con la incómoda presencia de José Luis Espert. El legislador libertario, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza, fue ubicado en la tribuna, lejos de los focos principales y sin participación activa. Su casi nula aparición en la transmisión oficial contrastó con su condición de aliado político, transformando su asistencia en un mero recurso escenográfico.
Esta situación se produjo apenas un día después de que la propia Bullrich le exigiera, de manera pública, que esclareciera sus supuestos vínculos con un narcotraficante detenido en Río Negro. La tensión latente convirtió su presencia en un acto de apariencia, destinado más a proyectar una imagen de cohesión que a demostrar un apoyo genuino.
Campaña y gestión se entrelazan en el discurso presidencial
Desde su lugar en el podio, el presidente Milei argumentó que décadas de garantismo excesivo han cercenado la capacidad operativa de las fuerzas policiales. Defendió con firmeza las reformas como un paso indispensable para construir “una sociedad segura para los argentinos de bien”. No obstante, admitió que la materialización de este plan depende exclusivamente de su aprobación en el Congreso.
En un llamado directo a la ciudadanía, instó a que en las próximas elecciones legislativas se opte por diputados que acompañen el proyecto oficial, subrayando que solo con una base de apoyo político sólida podrá avanzar esta agenda de seguridad. De este modo, el acto en la cárcel de Ezeiza trascendió el anuncio de una mera reforma legal para convertirse en un potente mensaje de campaña y una exhibición de las fracturas que amenazan la cohesión del bloque gobernante.
