El diputado nacional denunció un proceso de deterioro productivo y pérdida de empleo, y acusó a la administración central de minimizar la gravedad de la situación con “discursos técnicos alejados de la realidad”.
El diputado nacional Jorge Araujo lanzó una severa ofensiva contra las respuestas ofrecidas por la Jefatura de Gabinete en relación con el presente económico de Tierra del Fuego, al considerar que se trata de una narrativa administrativa que elude de manera deliberada la profundidad de la crisis que atraviesa la provincia. Según expresó, el enfoque oficial dista de reflejar lo que ocurre en el territorio, donde —remarcó— el entramado industrial evidencia signos concretos de retroceso sostenido.
“Mientras desde el Gobierno se insiste con conceptos como ‘reorganización’ o ‘transformaciones en la demanda’, en Tierra del Fuego lo que se observa es muy distinto: plantas fabriles que cesan sus actividades, operarios que quedan sin sustento laboral y una estructura productiva que se debilita de forma constante”, afirmó el legislador, visiblemente crítico de la postura nacional.
En ese sentido, advirtió que el reconocimiento de cierres en el rubro textil representa apenas una manifestación superficial de un problema mucho más profundo, al tiempo que apuntó contra la flexibilización de importaciones y la ausencia de políticas de resguardo para la industria local. A su entender, estas decisiones generan una competencia desigual que impacta de lleno en las empresas fueguinas, erosionando su capacidad de sostener niveles de producción y empleo.
Araujo también puso en tela de juicio la efectividad de los instrumentos de defensa comercial que el Ejecutivo asegura mantener vigentes. Sostuvo que la mera invocación de mecanismos antidumping resulta insuficiente frente a una apertura externa sin restricciones claras, especialmente en un contexto donde —según indicó— se adoptan medidas que colocan a las industrias promocionadas en condiciones casi equiparables a las de grandes centros urbanos. Esta situación, explicó, ignora por completo las desventajas estructurales propias de una región insular, con elevados costos logísticos y limitaciones geográficas.
“El escenario actual no admite más diagnósticos ni declaraciones vacías. Está en juego la continuidad misma del sistema productivo provincial, y lo que se requiere es decisión política, rapidez en la acción y medidas concretas que reviertan una coyuntura crítica”, enfatizó.
En relación con el régimen de promoción industrial, el diputado marcó una contradicción entre el discurso oficial y las políticas implementadas. Señaló que, si bien desde el Gobierno se asegura su continuidad, las disposiciones adoptadas en la práctica tienden a desnaturalizarlo y debilitarlo progresivamente, a través de la apertura comercial indiscriminada y la falta de incentivos efectivos.
Otro de los puntos señalados por Araujo fue la situación del puerto de Ushuaia, donde —según denunció— la intervención nacional derivó en una drástica reducción del personal operativo, pasando de una estructura completa a apenas una veintena de trabajadores. Para el legislador, esta decisión no responde a criterios de eficiencia, sino a un ajuste que afecta directamente la capacidad logística y condiciona el desarrollo económico regional.
Asimismo, cuestionó el uso de los recursos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, al advertir que los fondos estarían siendo direccionados hacia instrumentos financieros en lugar de destinarse con urgencia a la actividad productiva real. En ese marco, consideró inviable hablar de diversificación económica en un contexto donde la actividad muestra signos de retracción.
El diputado también expresó dudas sobre los beneficios de la apertura comercial impulsada por el Gobierno, al señalar que las políticas generalistas no contemplan las particularidades de Tierra del Fuego, una provincia con características únicas que incluyen su condición insular y su relevancia geopolítica. “Aplicar recetas uniformes sin atender estas diferencias equivale a desatender la región”, sostuvo.
Finalmente, Araujo fue tajante al advertir que la problemática excede el plano técnico. “No se trata únicamente de interpretar la realidad, sino de tomar decisiones. Tierra del Fuego necesita un Estado activo que proteja el trabajo nacional, no explicaciones que justifiquen la inacción. Si no se modifica el rumbo, el proceso de desindustrialización podría volverse irreversible”, concluyó.
