Acusado de lavar dinero del narcotráfico, el diputado enfrenta dos causas penales tras admitir el cobro de una millonaria transferencia de un prófugo estadounidense. El secreto de sumario y las pruebas en su contra pintan un panorama oscuro para su futuro político y personal.
La expresión «balas que pican cerca», inmortalizada por Víctor Hugo Morales en el fútbol, adquiere una dimensión judicial y ominosa para el diputado José Luis Espert. La frase describe con precisión la andanada de acusaciones que el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, plasmó en un dictamen que dio inicio a una causa por lavado de activos de origen criminal. El legislador, conocido por su consigna «cárcel o bala», se encuentra ahora inmerso en una pesadilla legal de la que deberá defenderse designando un abogado.
El contenido específico del dictamen fiscal permanece bajo estricta reserva, luego de que el juez Lino Mirabelli decretara el secreto de sumario. Esta medida refleja la sensibilidad de la investigación y las pruebas que el fiscal Domínguez ya comenzó a recabar, las cuales, se infiere, se pretenden mantener en reserva por el momento. El núcleo de la imputación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que el imputado Federico Fred Machado realizó a favor de Espert, supuestamente por un contrato de asesoría que se caracteriza por su opacidad. Dicho acuerdo, nunca exhibido por el diputado, involucraba honorarios desmesurados por un trabajo que, según las pesquisas, nunca se ejecutó. A pesar de ello, los fondos nunca fueron devueltos. El fiscal se abocará a desentrañar una cadena de contradicciones y falsedades que el propio Espert habría admitido en sucesivas declaraciones.
La investigación, radicada en San Isidro debido a la residencia del diputado en Beccar, fue ganando peso con evidencias contundentes. La denuncia original se sustentó en documentos presentados ante la justicia de Texas que detallaban la polémica transferencia. Información recabada por el periodismo especializado reconstruyó la intrincada ruta del dinero: desde el Bank of America, pasando por criptomonedas, hasta desembocar en dos entidades bancarias, el Citi y el Morgan Stanley. Ante esta abrumadora documentación, Espert se vio forzado a rectificar sus negativas iniciales y admitir que había recibido los 200.000 dólares. Bajo la presión de sus aliados libertarios, intentó explicarse mediante un video que, lejos de ayudarlo, terminó por hundirlo aún más, forzándolo a renunciar a una candidatura en apenas veinticuatro horas.
Tras el reconocimiento del cobro, el legislador justificó los fondos aludiendo a un contrato de consultoría con Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca de Machado. Sin embargo, esta versión colapsó en un día. Se demostró que la transferencia no provenía de la minera, sino de Wright Brothers, una compañía dedicada a la compra-venta y leasing de aeronaves, también propiedad de Machado. Para mayor escándalo, en el documento bancario figuraba la matrícula N28FM, correspondiente al avión personal del acusado por narcotráfico, sin ninguna referencia al supuesto trabajo de consultoría.
El derrotero de Espert se fue agravando, y el fiscal Domínguez centrará sus esfuerzos en estas falsedades. En los expedientes de Texas y Guatemala, Minas del Pueblo es señalada como una fachada para el narcotráfico y el lavado de dinero. Se la vincula con una pista de aterrizaje utilizada para descargar cocaína, mientras que sus movimientos financieros servían para ocultar las ganancias delictivas. Las aeronaves de la empresa de Machado realizaban vuelos con el transponder apagado, lo que lleva a los fiscales estadounidenses a sospechar que aterrizaban clandestinamente en Guatemala, México y Colombia para cargar estupefacientes. A estos cargos se suma una acusación por fraude, ya que en Texas se detalla cómo Machado y su socia estafaban a compradores de aviones mediante un esquema Ponzi, cobrando anticipos por la misma aeronave a múltiples víctimas. Un tribunal de Florida ya lo condenó en ausencia a pagar 179 millones de dólares a 22 perjudicados, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
A raíz de estos elementos, Espert enfrenta ahora dos causas penales diferenciadas. Por un lado, en Comodoro Py, ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, se investigan 36 vuelos no declarados, valuados en unos 350.000 dólares, que habrían funcionado como aportes encubiertos para la campaña electoral de Javier Milei. A esto se suma el préstamo de una camioneta blindada, sumando más gastos inexplicados. Recientemente, el propio Machado avivó las llamas al declarar que aportó entre 100.000 y 150.000 dólares adicionales para otros gastos de campaña. Este expediente se centra, por lo tanto, en el presunto financiamiento narco de la actividad política.
Por otro lado, la causa en San Isidro, a cargo del juez Mirabelli y el fiscal Domínguez, apunta directamente al lavado de dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos. Se trata de la transferencia concreta de 200.000 dólares, justificada con un trabajo de consultoría fantasma. La lógica de la investigación llevará a indagar en el enriquecimiento súbito de Espert, tal como lo sugirió su propia vocera, Clara Montero Barré, quien afirmó que «en la medida que recibió plata de Machado, Espert cambió su nivel de vida». La causa en Texas sostiene que Machado movilizó 350 millones de dólares de fondos criminales, y se sospecha que una parte fue blanqueada en Argentina a través del diputado.
Con la renuncia a su candidatura, Espert perderá sus fueros parlamentarios en diciembre, cuando cese su mandato como diputado. Enfrentar las múltiples acusaciones, agravadas por sus propias contradicciones y declaraciones tanto en medios como ante la justicia, no será tarea fácil. El panorama se complejiza aún más con la expectativa de lo que Machado pueda declarar cuando sea capturado en Texas y negocie una posible delación con los fiscales locales. La historia del «Profesor», como lo llama Milei, recién comienza su capítulo más crítico, y tal vez, como le advirtió la diputada Vilma Ripoll, deba enfrentar la disyuntiva que él mismo popularizó: «cárcel o bala».
