Una denuncia penal de alto calibre sacude al Gobierno a escasos días de los comicios, imputando al director ejecutivo del organismo previsional, Fernando Bearzi, y a un círculo íntimo de colaboradores por la presunta configuración de un sistema de contrataciones amañadas y desvío de fondos públicos.
En un contexto político ya convulsionado por una seguidilla de escándalos, la administración nacional se enfrenta a una nueva y severa acusación que pone en tela de juicio la transparencia de su gestión. El epicentro de la tormenta se ubica en la Agencia Nacional de la Seguridad Social (Anses), donde su máxima autoridad, Fernando Bearzi, y una decena de altos funcionarios han sido denunciados penalmente por la supuesta articulación de un entramado delictivo destinado a vaciar las arcas del Estado.
La grave imputación, radicada ante la fiscalía de Guillermo Marijuan y remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, sostiene que desde la Secretaría General del organismo, a cargo de Paula Amor, se orquestó un sistema de maniobras reñidas con la función pública. El núcleo operativo de esta presunta maquinaria irregular estaría integrado por Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y Gastón Palacios, chofer y persona de absoluta confianza de la secretaria, señalado incluso como su amante.
Según el texto de la denuncia, este grupo habría direccionado de manera sistemática contrataciones y procesos licitatorios hacia empresas allegadas, con el objetivo ulterior de obtener provechos económicos personales mediante la aplicación de sobreprecios o el cobro de retornos ilegales. De corroborarse estos hechos, las conductas podrían encuadrarse en figuras penales de extrema gravedad, como asociación ilícita, cohecho, corrupción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El documento judicial detalla operativos específicos, destacando contrataciones tecnológicas de montos millonarios que han despertado las alarmas. Una de las compañías señaladas es América Virtual S.A., cuya facturación hacia la Anses habría experimentado un incremento desmesurado en comparación con gestiones anteriores, alcanzando los nueve millones de dólares. Asimismo, se mencionan contratos con la firma SAP por un total de 19 millones de dólares y con el sistema Mainframe de IBM, por una cifra que ronda los 44,6 millones de dólares, con un primer desembolso de más de 7,7 millones.
La ambición del grupo, sin embargo, no se habría detenido allí. La denuncia subraya un intento deliberado por apoderarse de la Dirección de Sentencias Judiciales, el área de donde emanan los cuantiosos pagos por retroactivos a favor de los jubilados. La estrategia, según se alega, consistiría en colocar a un hombre de confianza en ese cargo clave —presumiblemente uno de sus allegados operativos— para controlar esa «caja millonaria» y generar negocios espurios. Todo ello, en abierta connivencia con el propio director general de Control, Javier López, cuya función sería precisamente la de evitar este tipo de irregularidades.
El cuadro de situación se agrava con la revelación de que Amor habría intentado designar a su exmarido, Julio De Ferrari, en otro cargo directivo, una maniobra que finalmente no se concretó ante el rechazo interno que generó.
Frente a estas acusaciones de una envergadura que conmociona al organismo previsional, fuentes oficiales han desestimado la denuncia, calificándola como una «operación kirchnerista de campaña». No obstante, de progresar la investigación judicial, el Gobierno podría encontrarse con un nuevo y explosivo «cisne negro» que agrave la percepción social sobre una gestión que administra los fondos de los jubilados, cuyos haberes mínimos no superan un umbral de indigencia, mientras se investigan desfalcos de una escala monumental.
