La administración de Javier Milei avanza en la transformación del régimen de despidos, promoviendo un sistema de ahorro progresivo que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales. La medida, ya implementada en la construcción, genera debate entre sindicatos y empleadores.
El Gobierno nacional continúa desplegando su agenda de reformas estructurales con la implementación de un mecanismo alternativo para el pago de indemnizaciones por despido, conocido como fondo de cese laboral. Esta iniciativa, oficializada recientemente, modifica el paradigma de las compensaciones por terminación del vínculo laboral sin causa justificada, reemplazando el pago único al momento del despido por un sistema de aportes mensuales realizados por el empleador a lo largo de toda la relación contractual.
La adhesión a este novedoso instrumento dependerá, en una primera etapa, de lo que cada organización sindical acuerde con las cámaras empresariales en el marco de las negociaciones de sus convenios colectivos de trabajo. El ministro de Economía, Federico Sturzenegger, junto al presidente Milei, mantienen una presión constante sobre los gremios para que incorporen esta modalidad en todos los acuerdos sectoriales. Hasta el momento, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (UOCRA) se erige como el único que ya aplicaba un esquema similar con anterioridad a la llegada del gobierno libertario a la Casa Rosada.
El funcionamiento del fondo de cese
El modelo de la UOCRA, que sirve de referencia, opera mediante una contribución mensual obligatoria a cargo del empleador, efectuada desde el mismo inicio de la contratación. Durante el primer año de servicio, dicho aporte equivale a un doce por ciento del salario mensual, porcentaje que desciende al ocho por ciento a partir del segundo año. Los recursos se depositan en cuentas bancarias individuales a nombre de cada trabajador, conformando un patrimonio personal, intransferible e inembargable.
El empleado podrá acceder a los fondos acumulados una vez que se extinga la relación laboral, siempre que se notifique de manera fehaciente la decisión de ruptura del contrato. Este marco fue establecido por la Ley de Bases, sancionada a principios del pasado julio, y su posterior reglamentación, la cual otorga flexibilidad a las partes para convenir el monto —ya sea un porcentaje o una suma fija— y la periodicidad de los aportes.
A modo ilustrativo, un trabajador con un salario inicial de un millón de pesos, sujeto a incrementos trimestrales, que es despedido tras veinticuatro meses de servicio, recibiría un monto mínimo que superaría los dos millones doscientos sesenta mil pesos, a lo que se sumaría la rentabilidad generada por las inversiones del fondo durante ese lapso. Cabe destacar que no existe un límite máximo para el porcentaje de aporte, el cual queda supeditado exclusivamente a lo pactado en cada convenio colectivo.
Un largo camino legislativo y futuras ampliaciones
La Ley Bases, que obtuvo una ajustada sanción en el Congreso durante el primer semestre de 2024, incorporó un capítulo medular dedicado a la modernización de las normas del trabajo. Dicha normativa sentó las bases para una transformación más profunda, que el Ejecutivo planea concretar con una nueva y ambiciosa reforma laboral, cuya presentación formal está prevista para después de la renovación parlamentaria de diciembre de 2025.
El trámite legislativo de la ley inicial fue particularmente intenso. En la Cámara de Diputados, la iniciativa logró 147 votos afirmativos, enfrentándose a 107 negativos y dos abstenciones, con el respaldo de bloques oficialistas y aliados. En el Senado, la votación culminó en un empate técnico que requirió del voto desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel para su aprobación final, un hecho que marcó un hito en el debate político.
La reforma ya implementada introdujo, entre otros cambios, la extensión del período de prueba, la eliminación de sanciones por falta de registración y la habilitación de estos fondos de cese. No obstante, la nueva propuesta que prepara el oficialismo busca profundizar el modelo, con la intención de reducir los montos indemnizatorios, generalizar la adopción del fondo de cese, incorporar el concepto de «salarios dinámicos» y suprimir el pago de horas extras, en un intento por modernizar de manera integral el mercado laboral argentino.
