Instituciones de educación superior inician una huelga de tres días ante la falta de asignación presupuestaria para aplicar la normativa sancionada, advirtiendo sobre un progresivo desmantelamiento de la educación pública.
Crisis en las Universidades Nacionales: Paro de 72 Horas por Incumplimiento de la Ley de Financiamiento
Desde este miércoles, las casas de estudio superiores de todo el país suspenderán sus actividades en una medida de fuerza que se extenderá por 72 horas. La protesta surge como respuesta a la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento, que, aunque fue ratificada por el Congreso y promulgada el pasado 21 de octubre por la Casa Rosada, carece hasta el momento de la partida económica necesaria para su puesta en marcha.
Pilar Barbas, representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA), manifestó la necesidad de intensificar las acciones de rechazo frente a la reforma laboral y al programa gubernamental que, según sus palabras, atenta contra la universidad pública, los hospitales estatales y los derechos de los trabajadores. En declaraciones radiales, Barbas subrayó la urgencia de articular una movilización conjunta que una diversas demandas sociales. “Tras la eliminación de los vetos, el gobierno optó por no ejecutar la ley, tal como ocurrió con la Ley de Discapacidad. Si esta situación permanece invisible para la ciudadanía, el Ejecutivo seguirá imponiendo su agenda. Por ello, una manifestación masiva resulta fundamental”, recalcó la dirigente, integrante de la Juventud de la Izquierda Socialista.
Por su parte, los sindicatos del sector docente denuncian que los salarios no han sido actualizados de acuerdo a lo establecido y que, pese a la realización de tres multitudinarias marchas en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei se ha negado a acatar la normativa vigente. La Ley de Financiamiento no solo prevé una recomposición salarial, sino que busca detener el progresivo vaciamiento de la enseñanza pública.
Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), fue contundente al exigir la inmediata puesta en práctica de la ley. “Su aplicación no puede postergarse más, no solo por ser una norma sancionada, sino porque omitirla resulta anticonstitucional. Cada jornada que transcurre agudiza el desfinanciamiento de la universidad pública. En la actualidad, según lo previsto, se nos adeuda un incremento del 44%. Esto ya constituye una deuda, no un simple petitorio”, afirmó.
Celoto detalló, además, que los magros ingresos del personal universitario han desencadenado una crisis profunda, imposibilitando a los trabajadores sostener las responsabilidades que desempeñan. “Muchos salarios se sitúan por debajo de la línea de pobreza”, agregó. Esta realidad se traduce en solicitudes de reducción de jornada y cambios en la dedicación laboral, lo que a su vez genera un debilitamiento crónico de los equipos de trabajo. “Defendemos una universidad pública que no quede reducida a una estructura vacía, con planteles que ya no pueden cumplir con las funciones para las cuales fueron designados”, concluyó la gremialista.
La medida de fuerza evidencia un conflicto que trasciende lo salarial y se instala en la defensa del rol social y científico de la educación superior estatal, en un contexto de ajuste que, según los huelguistas, amenaza con desarticular uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional.
